La humanidad se encuentra en constante peligro, ya sea por situaciones propias de la naturaleza como sismos, sequías, inundaciones, huracanes; o bien por acontecimientos ocasionados por el propio ser humano de manera voluntaria o no, entre ellos explosiones, incendios, derrames de sustancias tóxicas en mares y ríos. A esto se agrega la actual pandemia.
Las experiencias en las que se han perdido vidas, causado daños al medio ambiente -con frecuencia severos- y pérdidas económicas, generaron la necesidad de establecer mecanismos, a nivel global, para estar en mejores condiciones, a fin de enfrentar las contingencias y, sobre todo, prevenirlas.
Con el fin de concienciar a los gobiernos y a la población de tomar medidas encaminadas a minimizar los riesgos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para 2020, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), este día será dedicado a la buena gobernanza del riesgo de desastres, en el que miles de personas alrededor del mundo han fallecido y enfermado principalmente por la COVID-19.
Por ello, es necesario que las naciones tengan estrategias que consideren además de eventos naturales aquellas de riesgo sistémico generado por enfermedades zoonóticas, crisis climáticas y la degradación ambiental.
Según esta entidad, la COVID-19 y la emergencia climática advierten a la humanidad de la necesidad de contar con estrategias nacionales y locales que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común, como acordaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Fue el primer acuerdo principal de la agenda de desarrollo posterior a 2015 que ofrece a los Estados Miembros una serie de acciones concretas a tomar en consideración para proteger los beneficios del desarrollo y la vida de las personas contra el riesgo de desastres.
Al respecto, incluyen tácticas multisectoriales que contengan políticas en áreas como códigos de construcción, salud pública, educación, protección del medio ambiente, y recursos energéticos e hídricos, entre otros más. Los efectos de los desastres son devastadores, por eso los gobiernos municipales y regionales deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes.
El trabajo en México
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), creado el 6 de mayo de 1986, surgió como respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.
“Si bien la Protección Civil es un componente importante de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, GIRD, el ámbito en el que fue concebido el SINAPROC ha sido rebasado por las necesidades asociadas con la reducción del riesgo de desastre, a través de su manejo integral y transversal”, afirma Irasema Alcántara Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
Al respecto, remarca que es necesario transitar de un sistema reactivo a uno preventivo en el que la política pública y la práctica vayan de la mano de los aportes de la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
Indica que diversos esfuerzos inter y transdisciplinarios coordinados por algunos expertos de la UNAM, mediante foros de discusión, aluden a la necesidad de transformar el Sistema Nacional de Protección Civil actual en un Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
“Con el establecimiento de nuevas bases y la recuperación de los elementos más valiosos de las experiencias generadas hasta el momento, este nuevo sistema debe enfocarse en la producción de condiciones de bienestar de la población, y considerar los procesos territoriales en sus diferentes escalas y dimensiones”, manifestó.
Esto, señala, debido a que los factores impulsores del riesgo están directamente condicionados por el inadecuado uso y manejo del territorio; la gestión del riesgo debe considerar la perspectiva de su causalidad, vinculada con problemas ambientales, de desarrollo y sostenibilidad.
Las experiencias, recursos, bienes, capacidades, potencialidades y requerimientos en materia de bienestar social, son ineludibles e insustituibles para la gestión de riesgos y prevención de desastres.
Asimismo, las estrategias de GIRD deben impedir la construcción de nuevos riesgos y la amplificación de los existentes, a partir del desarrollo de competencias institucionales que garanticen la configuración de ciudades, comunidades y territorios capaces de repensar el espacio y no construir o reconstruir el riesgo.
“La GIRD debe considerar la participación sistemática de diversos actores, y de manera fundamental a la sociedad civil organizada; fomentar, a partir de las mejores prácticas de participación ciudadana, la reducción de vulnerabilidades y exposición; así como el diseño e implementación de protocolos de emergencia y políticas de reconstrucción”, detalla.
La adherencia de México al Marco de Sendai, sostiene, brinda la oportunidad de revisar las competencias, prioridades y financiamiento de acciones para adoptar una política orientada a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres en los tres órdenes de gobierno que atienda, de manera particular, las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad expuesta a futuros impactos.
A su vez, Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, comenta que en los comités científicos asesores lo que se busca es identificar esas necesidades del país y en los cuales, con base en la ciencia, se pueda incidir y modificar alguna política pública que contribuya a que México esté mejor preparado ante los fenómenos que ponen a sus habitantes en un nivel de vulnerabilidad o de riesgo latente.
“Hace falta tener una comunicación más directa entre científicos y tomadores de decisiones, porque ellos realizan estrategias que deben estar sustentadas en ciencia. Son muchos escalones para llegar a la autoridad, que es la principal interesada en asesorarse para la realización de políticas públicas y que nos impactan a toda la ciudadanía”, afirma.
Considera que de 1985 a la fecha hay avances, pero aún falta por hacer ya que se debe trabajar en la parte preventiva con base en el conocimiento, y por eso es relevante la interacción directa entre científicos, políticos y población, a fin de delinear las políticas que ayudarán a evitar los desastres.
Estrategias para comunicar
“El conocimiento del riesgo que se origina desde la ciencia es muy vertical y normalmente no tiene el efecto deseado por la dificultad de comunicar su contenido científico, quedándose a veces en el cajón de quien bebería utilizarlo”, puntualiza Naxhelli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales.
Añade que la idea de la gobernanza del riesgo es pensar en qué hacer para romper esos abismos de comunicación y colaboración entre diferentes sectores, de manera que entre todos se logren procesos de reducción del riesgo.
Para lograr una comunicación pública de la ciencia en temas sobre riesgo, expresa que es primordial la articulación entre el conocimiento científico y los escenarios concretos en los que las personas, incluidos servidores públicos, toman sus decisiones cotidianas.
El ser humano, continúa, funciona a través de narrativas, que son claves para adoptar lo que el riesgo significa en la vida diaria a través de historias en contextos específicos.
“Para hablar de riesgos debe haber referencias concretas respecto a la vida cotidiana de las personas; es una de las maneras más efectivas de lograr hacer una conexión, de tal manera que el conocimiento científico pueda ser comprendido y adoptado por la gente y que pueda integrarlo a sus propios modelos para tomar decisiones”, enuncia.
La especialista enfatiza que la UNAM genera conocimiento de punta en beneficio de la sociedad. Por ello es necesario romper la barrera y hacer que la ciencia esté en la vida de las personas y en las decisiones públicas a través de procesos serios de comunicación de la ciencia; en esa tarea las ciencias sociales y las humanidades son un apoyo fundamental.
