Respecto a publicaciones recientes de algunos medios de comunicación que abordan las labores de la Secretaría de la Función Pública, se precisa lo siguiente:

  • La Secretaría de la Función Pública hace un llamado a mantener un ejercicio periodístico responsable, que informe a la sociedad sin afectar derechos fundamentales de terceros como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia.
  • Para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar. El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad.
  • La Secretaría de la Función Pública, liderada por la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, cuenta con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la Administración Pública Federal. Estas declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información. El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública.
  • Desde el inicio de la actual administración, la Función Pública ha desplegado una intensa actividad para cumplir con sus funciones legales de prevenir la corrupción y abatir la impunidad. Desde el 1º de diciembre de 2018 a la fecha, abrió 133 expedientes de evolución patrimonial, en contraste con los 58 que se iniciaron durante los primeros 11 meses de 2018, último tramo de la administración anterior. Así que las solicitudes de información vinculadas con estos procedimientos no son extraordinarias, sino una regla del continuo trabajo para vigilar el buen desempeño de los servidores públicos en áreas estratégicas.
  • Asimismo, desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018.