Estados Unidos anuncia contribución de $2 millones a la CICIES para lucha contra la corrupción

Internacional

El Enviado Especial del Departamento de Estado Ricardo Zúñiga, y el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU, Brendan O’Brien, se reunieron este miércoles 7 de abril con el Embajador Ronalth Iván Ochaeta, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), con el propósito de discutir el trabajo que se está realizando en la lucha contra este flagelo y anunciar el apoyo financiero de los EE.UU. a la Secretaría General de la OEA, para la operación de la CICIES.

Durante el encuentro los funcionarios estadounidenses y el Comisionado hablaron sobre el importante trabajo que se está llevando a cabo en El Salvador y cómo se puede apoyar para que este importante organismo se siga fortaleciendo para poder continuar colaborando con el Gobierno e instituciones del Estado en una lucha amplia anticorrupción. Una campaña contra la corrupción y la impunidad se puede lograr con un fuerte compromiso del Ejecutivo, el Poder Judicial y la CICIES. Tal como se ha expresado en varias ocasiones, tanto Estados Unidos como El Salvador comparten el interés conjunto en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, Zúñiga destacó las relaciones bilaterales de EE.UU. y el Salvador. “Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios salvadoreños para abordar los retos de la región, como la migración irregular, la corrupción y la impunidad, la gobernanza, el respeto de los derechos humanos, las oportunidades económicas y la seguridad. Nuestro objetivo es ayudar a crear las condiciones para que el pueblo de El Salvador pueda prosperar’’, dijo.

Luego de su encuentro, los funcionarios ofrecieron declaraciones a la prensa en la cual el Enviado Especial Zúñiga anunció un acuerdo de cooperación por más de $2 millones en apoyo a la CICIES para 2021, junto con el Fiscal General de la República Raúl Melara, en el marco del acuerdo de cooperación vigente entre la Fiscalía General de la República y CICIES/OEA.

“Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Por ello, para la Comisión es importante unificar esfuerzos con todos los sectores para fortalecer a las instituciones salvadoreñas y que puedan transparentar el uso de fondos públicos, así como poder perseguir y sancionar aquellos actos de corrupción. La prevención es el eje central para un cambio de paradigma en la lucha anticorrupción”, indicó el Comisionado Ochaeta, quien agradeció la visita del Enviado Especial Zúñiga, la cooperación financiera y el apoyo constante del Gobierno de los EE.UU. para el proyecto de CICIES/OEA.

Por su parte, el Enviado Especial Ricardo Zuñiga habló sobre la lucha contra la corrupción. “Cuando hablamos del costo de la corrupción, no nos referimos solo al dinero. Se trata del pleno cumplimiento con la Carta Democrática y las funciones de un estado democrático ante sus ciudadanos, y nos referimos a todas las consecuencias que ocasiona la ausencia de fondos públicos en el tejido social… estas consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres que emigran a otro país en una búsqueda desesperada por sobrevivir. Pero También contamina todas las funciones de los gobiernos y daña la sociedad”.

El Fiscal General Raúl Melara aseguró que el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y la Secretaría General de la OEA es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción en el país. También enfatizó que durante su administración se ha ejecutado un plan anticorrupción, dando como resultado procesos abiertos contra funcionarios de administraciones pasadas y presentes.

La CICIES es un organismo creado en conjunto por el Gobierno de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2019. La CICIES tiene como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en El Salvador; en los últimos años se han registrado diferentes procesos penales en los que se han identificado redes de corrupción, que operan en detrimento del patrimonio del Estado.