La construcción del Tren Maya impactará la flora y la fauna de zonas ecológicas sensibles del sureste de México y alterará los usos y costumbres de las comunidades indígenas, por lo que el gobierno federal debería proponer medidas de mitigación y sujetar la obra a la legislación nacional en la materia, la cual es bastante sólida y con “madurez comparable a la de otros países”, consideró el doctor José Juan González Márquez.
Toda vez que esta obra no cuenta con un proyecto ejecutivo y de ingeniería de conceptos, “la administración no tendrá tiempo de construirla, pues tan sólo elaborar el plan, llevar a cabo la manifestación del impacto ambiental, el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo y todos los permisos y autorizaciones que marca la legislación tomarán entre tres y cuatro años”.
El profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que antes de pensar en la realización de un proyecto de esta magnitud –que tendrá una longitud de 1,525 kilómetros y atravesará los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo– “el gobierno federal debiera elaborar una manifestación del impacto ambiental para identificar los daños ecológicos y sociales que pudiera causar en una de las zonas ecológicas más sensibles del país”.
Al presentar sus libros Tratado de derecho ambiental mexicano. La responsabilidad por el daño ambiental; Tratado de derecho ambiental mexicano. Las instituciones fundamentales del derecho ambiental, y Tratado de derecho ambiental mexicano. Propiedad, aprovechamiento sustentable y protección de los recursos naturales en el programa Suplemento Semanario que transmite UAM Radio 94.1 de FM, el especialista dijo que aunque se tienda a pensar que llevar a cabo obras donde hay pobreza es benéfico, no siempre resulta así”.
González Márquez consideró que aunque se hizo una consulta ciudadana para conocer la aceptación o rechazo a este proyecto, este ejercicio debió realizarse en términos de la Constitución, “diferente a como suele hacerse de levanten la mano ¿verdad que si están de acuerdo?”, pues se necesita una consulta de verdad e informada en la que la gente conozca exactamente cuál es el proyecto.
“No hay una consulta como marca la ley ni puede sustituirse la evaluación del impacto ambiental y mucho menos toda la serie de permisos, autorizaciones y concesiones que en su caso tendrá que tramitar”.
Respecto de los libros presentados afirmó que forman parte de una misma obra del Tratado de derecho ambiental mexicano que, en conjunto, analizan la historia, evolución, principios generales e instrumentos jurídicos en la materia.
El también director de la Revista Mexicana de Legislación Ambiental explicó que las publicaciones abordan entre otros asuntos: la contaminación ambiental y la protección de los recursos naturales, así como uno de los temas menos estudiados en el mundo concerniente a la responsabilidad cuando el daño en el entorno ocurre.
Con la publicación de estos textos, que pueden encontrarse en las librerías de la UAM, se pretende contar con un estudio completo de esta rama del derecho mexicano al estilo de los que existen en Francia, España, Alemania, Italia, Estados Unidos o Canadá; se trata de “una obra compiladora que pretende abarcar todos los tópicos”.
Las obras están basadas en las referencias a la bibliografía existente sobre el tema en diversas jurisdicciones del mundo y son resultado de diálogos con colegas y principales juristas que representan la vanguardia del derecho ambiental de distintos países con quienes “he platicado, debatido y trabajado”.
Por su profundidad “buscan romper paradigmas y establecer nuevas teorías en torno a ese campo de estudios, además aunque están dirigidos a especialistas en la materia, también pueden ser consultados por alumnos y estudiosos de otras disciplinas interesados en conocer este esfuerzo recopilador que tomó diez años en su preparación, concluyó.
