“Se deben escuchar todas las voces para actualizar el marco normativo en la materia”: diputada Guadalupe Aguilar Solache

Con la finalidad de iniciar un diálogo constructivo que permita recopilar investigaciones, experiencias, conocimientos comunitarios, prácticas culturales y ancestrales nacionales e internacionales, se realizó el Foro Parlamento Abierto “Hacia una nueva ley en materia de agua en la Ciudad de México: organismos internacionales”.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso capitalino, diputada Guadalupe Aguilar Solache (MORENA), informó que dichos ejercicios de intercambio de información y experiencias iniciaron desde noviembre de 2019 y hasta diciembre de 2020, con la finalidad de conocer no sólo las estrategias y tendencias mundiales, sino escuchar todas las voces para actualizar el marco normativo y adecuar la gestión integral del agua a las tendencias y necesidades actuales de la CDMX.

“Hoy corresponde la participación de organismos internacionales, especialistas en materia hídrica y ambiental, buscando compartir experiencias, propuestas, proyectos, investigaciones y tendencias mundiales referidas a la gestión integral del agua, que sin duda es uno de los temas que marcan la agenda global”, sostuvo la legisladora, organizadora de este foro.

En su oportunidad, la representante de Rotary International de México, María Álvarez Icaza Longoria, recordó que las presiones sobre el suelo de conservación, paulatina y progresivamente alteraron las condiciones naturales, lo que disminuyó su capacidad para proporcionar los servicios ambientales para la Ciudad de México.

Subrayó que cada hectárea perdida de suelo de conservación equivale a la merma de 2.5 millones de litros anuales en la recarga de los acuíferos de la Cuenca del Valle de México y que la zona de recarga se ubica al sur y sur-poniente de la capital, comprendiendo parte de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, así como el Parque Nacional de la Marquesa, “todas amenazadas por el crecimiento de la mancha urbana”, advirtió.

Diego Juan Rodríguez, representante de World Bank Group, señaló que para realizar un proceso de reforma en materia de agua, es necesario establecer con claridad las funciones, generar más autonomía de los operadores, crear un marco regulatorio, incentivar la innovación, la reducción de costos y subsidios, así como el establecimiento de tarifas progresivas. “El agua debe verse como una fábrica de recursos, así como su saneamiento”, apuntó.

También aseguró que un mayor gasto público en este rubro, no necesariamente se traduce en mejores servicios y mayor eficiencia hídrica, por lo que destacó la necesidad de pasar de un modelo lineal de gestión de agua, a uno circular, en donde se establezcan metas a largo plazo, se diversifique el suministro, se gestione la demanda, se implementen las campañas de concientización, y que exista la participación de la población en las acciones a realizar.

En tanto, Dolores Barrientos Alemán, representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, informó que para 2030 se prevé que en México exista escasez física de agua, es decir, “existirán los recursos económicos y la infraestructura, pero no el líquido, ya que somos un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, especialmente en materia de agua”, dijo.

Durante su intervención, Carlos Samayoa, representante de Greenpeace México, destacó la importancia de que la Ley  en Materia de Aguas de la Ciudad de México, tenga como centro la protección de derechos humanos y la perspectiva de género.

Propuso que esta nueva norma se diseñe en 10 ejes estratégicos: la educación socio ambiental; la cosecha de lluvia y gestión de agua; la conservación y protección de los suelos de infiltración; la disminución y el ahorro en el consumo de agua en viviendas e industria; el tratamiento de líquido potable con sistemas descentralizados y la reparación de la red de abastecimiento y drenaje.

“Asimismo –abundó—la regeneración y conservación de los ecosistemas; la participación de la ciudadanía en la planeación de políticas públicas; la gestión de riesgos hídricos y climáticos; la definición de las micro cuencas de atención prioritaria; así como la inclusión de criterios de derechos humanos y vulnerabilidad social”, concluyó.