Es oficialmente el secretario de la Contraloría de Oaxaca, coordinador Nacional de Contralores del País

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OAXACA DE JUÁREZ, Oax.- En cumplimiento al Artículo 65 de Lineamientos Generales de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), el proceso de Entrega-Recepción de la Coordinación Nacional se realizó la tarde de este lunes en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), acto a partir del cual el Secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, es oficialmente el nuevo Coordinador Nacional de Contralores.Ante el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús R. Robles Maloof, y el Titular de la Unidad de Auditoria Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, el Secretario de la Contraloría de Querétaro y Coordinador Nacional Saliente de la CPCE-F, Alfonso Chávez Fierro, procedió al acto de entrega al nuevo Coordinador Nacional.
En este contexto, Díaz Navarro, Representante del Gobierno de Oaxaca en lo referente a temas de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, comandará durante un año los trabajos de esta comisión integrada por las 32 entidades federativas.
Díaz Navarro refrendó su compromiso por la unidad y el trabajo coordinado hacia el logro de los objetivos comunes de la Comisión Permanente de Contralores. Se comprometió a incentivar la sinergia entre todos los titulares de los Órganos Estatales de Control y trabajar sin colores partidistas para fortalecer el trabajo propositivo que cada miembro ha impulsado en representación de sus respectivos Estados, conjuntamente con la SFP.
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación es dentro del Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública, la instancia de vinculación de los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal y los Estatales, promueve la implementación de instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública; una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos con criterios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía; así como la aplicación de sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades.