El día de ayer quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, y con propósitos manifiestamente electorales, sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho.
Mediante procedimientos plagados de irregularidades técnico–jurídicas, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados encabezada por los diputados oficialistas Pablo Gómez Álvarez, Martha Patricia Ramírez Lucero y Mary Carmen Bernal Martínez, dictaminaron proceder en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero proteger con inmunidad constitucional al Senador de MORENA, Cruz Pérez Cuellar, rechazando su desafuero.
Reprobable y vergonzosa la actuación de la Comisión Instructora cooptada por MORENA, pues la simple lectura de los dictámenes aprobados revela que al día de hoy, existen dos raseros (varas) para impartir justicia en nuestro país: la de los opositores políticos y la de los congraciados con el régimen morenista.
Sencillamente “Justicia a Modo”.
En el caso del Gobernador García Cabeza de Vaca, la Sección Instructora morenista permitió e incitó el desahogo de pruebas de cargo en un espectáculo público trasmitido por el Canal del Congreso y las cuentas de la Cámara de Diputados en YouTube, Facebook y Twitter. A la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se le negó tajantemente el desahogo de pruebas en contra del Senador Cruz Pérez Cuellar aduciendo, la misma Comisión, que resultaban notablemente impertinentes e innecesarias.
Según el dictamen que rechazó el desafuero del Senador morenista por delitos de corrupción, su decisión se justifica en el pleno respeto a la presunción de inocencia; y enfatizó que no podía presumirse un actuar ilegal, sin violentar dicha garantía constitucional, únicamente por el hecho de recibir millones de pesos de funcionarios de gobierno en forma clandestina y sin sustento legal.
Sin embargo, para los integrantes de la Sección Instructora, dicho derecho fundamental, no guardó la misma dimensión y relevancia tratándose del Gobernador García Cabeza de Vaca, a quien en múltiples ocasiones exhibió de forma pública como responsable de delitos, le limitó derechos procesales durante la instrucción, y prejuzgó con suposiciones subjetivas como consta en los argumentos del dictamen, pues aquí sí fue válido presumir un actuar ilegal a partir de conjeturas en el manejo de su contabilidad financiera.
En ambos casos, los procedimientos evidenciaron graves vicios procesales, dictámenes con una deficiente valoración de los elementos probatorios, información tergiversada, apreciaciones jurídicas torpes y burdas, pero sobre todo argumentos sesgados y contradictorios.
A lo anterior se le suma, las turbias maniobras que se realizaron para reemplazar a los miembros de la Comisión Instructora, siendo el fin evidente: votar bajo consigna de los intereses electorales y autoritarios del partido oficial. Al igual que la sospechosa presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, minutos previos de la discusión del dictamen.
Es evidente que no fue el derecho y la justicia la que orientó a la Comisión Instructora en sus dictámenes, sino la víscera política.
El Pueblo de México merece justicia, no simulaciones perversas.
