Enfrentar la pandemia requiere la participación de gobierno, sector privado y organismos multilaterales: diputada Garay Cadena

Nacional

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), subrayó que para enfrentar la crisis y la inseguridad alimentaria causada por la pandemia, se requiere la participación de gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales.

En una reunión virtual del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), la diputada señaló la importancia de la cooperación interparlamentaria para generar estrategias conjuntas entre los gobiernos y los parlamentos de la región.

La también secretaria de la Mesa Directiva indicó que la pandemia por Covid-19 repercutirá en el incremento del hambre y la pobreza en la humanidad, por lo que superar la crisis y recuperar el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), requiere el fortalecimiento del multilateralismo.

Recordó que la agenda 2030 indica que los ODS sólo se consiguen con asociaciones mundiales sólidas y de cooperación, por lo que hizo votos por que se realicen más ejercicios de intercambio, al mismo tiempo que planteó establecer una hoja de ruta crítica única, para dar respuesta efectiva y coordinada frente a la pandemia.

47.7 millones de personas sufrieron hambre en América Latina y el Caribe

La diputada Martha Garay mencionó que de acuerdo con el reporte del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, de la Organización de las Naciones Unidas, 47.7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre durante el 2019, lo que demuestra que el problema ya era significativo antes de la pandemia y las consecuencias que dejará son muy preocupantes.

Comentó que el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias señaló que en los países más desarrollados se han incrementado las personas sin recursos que acuden a los bancos de alimentos y las familias se ven forzadas a cambiar sus dietas por productos más accesibles, pero menos nutritivos.

Asimismo, señaló que en su pronóstico más reciente el Fondo Monetario Internacional dijo que más de 90 millones de personas podrían caer en pobreza extrema y no tener recursos para comprar los alimentos necesarios para evitar el hambre y la desnutrición.

Además, los hogares pobres destinan 70 por ciento de sus ingresos a la alimentación, lo que provoca que su seguridad alimentaria sea vulnerable ante las perturbaciones de sus ingresos.

En ese sentido, la diputada estimó que si eso sucede en las economías desarrolladas, en las más vulnerables los efectos son mucho peor, porque cuando una crisis golpea al mundo los países que más sufren son los que ya enfrentaban problemas en sus economías.

Soluciones desde los parlamentos

La diputada Martha Garay consideró que ante la prioridad y urgencia de encontrar medidas, es posible buscar soluciones desde los parlamentos.

Mencionó que las respuestas se pueden dar por dos vías: primero, resolver el problema principal; es decir, controlar y paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, lo que reactivará las cadenas indispensables para garantizar seguridad alimentaria.

Además, es necesario diseñar presupuestos que impulsen la rápida recuperación del Producto Interno Bruto, reducir las tasas de desempleo y atender las prioridades en materia de salud, economía y sociales.

A su vez, es imperante tomar medidas para salvaguardar al sector agropecuario con sistemas de crédito, estímulos fiscales y políticas sociales para asegurar el bienestar de las personas a través de un ingreso mínimo garantizado, extender apoyos para quienes fueron expulsados del mercado de trabajo por la pandemia, así como apoyos de asistencia alimentaria a las familias más vulnerables.

La segunda vía, dijo, es atacar el problema y priorizar la seguridad alimentaria desde la inversión en el presupuesto para aumentar la producción sostenible de alimentos nutritivos, diversos y culturalmente aceptados.

Además, es necesario adecuar las leyes para tener economías agrícolas más inclusivas, sostenibles y que produzcan de manera responsable en todo momento; programas enfocados en disminuir el desperdicio de alimentos, y atender a las y los niños que dependían de alimentación escolar y están ahora en casa.