La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatiza la necesidad de contar con una Ley General en materia de consulta y consentimiento previo, con estándares internacionales, que permita precisar los actores participantes en el proceso de consulta, sus obligaciones, mecanismos de denuncia sensibles a la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como las obligaciones para que las empresas cuenten con mecanismos práctico-operativos de solución de conflictos y reparación, adecuados a los proyectos y acordes con instrumentos internacionales.
Así lo expuso el Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, al participar en el Seminario Internacional de Alta Formación Sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quien se pronunció por la institucionalización de la consulta previa, con reglas, facultades institucionales y fórmulas de soluciones claras y ágiles, más que por su judicialización, para evitar tardanza en la resolución de los conflictos en tribunales. Para ello, dijo, las empresas deben asumir su compromiso de respeto a esos derechos, incluida la consulta previa, ya que el reto del Gobierno de México es materializar los Principios Rectores de Naciones Unidas en todas las actividades empresariales sin entorpecer los procesos para su realización.
Guadarrama López destacó que la CNDH ha identificado falta de implementación de una política pública que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, y la inexistencia de una ley vinculante y detallada de la consulta en cada entidad federativa, por lo cual esta Comisión Nacional se ha pronunciado mediante sus Recomendaciones para que se regule ese ámbito.
Ante la falta de legislación sobre procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y en tanto se aprueba una Ley General en la materia, la CNDH propuso incluir como medida de política pública se establezcan Unidades o Áreas Especializadas en Megaproyectos en dependencias de Gobierno que tengan relación directa con el desarrollo de esas obras, como las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Energía, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, ya que aquellas atenderían en lo inmediato los casos pendientes.
Esos Mecanismos tendrían facultades y obligaciones para la implementación y seguimiento del proceso de consulta, así como en la vigilancia y supervisión para que las empresas cumplan los acuerdos de la consulta, así como coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno involucradas, además de ser enlace con las empresas privadas involucradas en la ejecución de los proyectos susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas.
Para garantizar el respeto a la consulta previa, este Organismo Autónomo urgió que nuestro país concluya el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos exigido en los Principios Rectores de Naciones Unidas para definir políticas públicas en la materia, con la participación de los entes privados, comunidades, instituciones de derechos humanos y organizaciones civiles.
Ante especialistas reunidos en el Auditorio “Digna Ochoa” de la CDHDF, Guadarrama López señaló que la CNDH elabora un estudio que contempla que en los instrumentos jurídicos en que se generan relaciones del Estado con empresas para el desarrollo de proyectos se incluya una cláusula obligacional de respeto a los derechos humanos y se brinde toda la información a las instituciones defensoras para que investiguen violaciones relacionadas con actividades de las compañías.
Mencionó que solo con la participación e inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos en la planeación y ejecución de los proyectos de desarrollo y en los beneficios que reporten las actividades empresariales se lograrán la sustentabilidad y avances en el respeto de los derechos humanos.
La sesión incluyó conferencias magistrales sobre el tema del Director de la Oficina del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), en Colombia, Carlos Mendieta, y Elsy Curihuinca, del Equipo de Trabajo de la Relatoría sobre los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la mesa de trabajo “El papel de los Ombudsperson en el sistema de protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, los titulares de las Comisiones Estatales de Yucatán, Jalisco, Puebla y Tlaxcala destacaron la falta de avances en los procesos de aplicación de la Consulta Previa a las comunidades indígenas que viven en incertidumbre, y sugirieron instaurar procesos diferenciados, ya que no puede haber procesos de consulta homologados debido a la pluriculturalidad en algunas entidades federativas.
Coincidieron que Ombudsperson y autoridades tienen gran responsabilidad al aplicar la Consulta Previa, para que sea legítima y real, ya que en general son planeadas por grupos de personas en una oficina donde hay consignas e intereses, o no se sabe lo que significa vivir en la contaminación, con escasez del agua, carencia de alimentos y pobreza extrema que traerán los megaproyectos.
En la mesa “Aportes de los representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos” se explicaron proyectos como el Gasoducto en Sonora, que afectó a la comunidad Yaqui y sobre el cual no hubo consulta libre sino intervenciones externas; no se presentó información sobre el proyecto y fueron condicionados los servicios básicos, además de ser criminalizados los inconformes y violentados los derechos de la comunidad. Lo mismo ocurrió sobre la Termoeléctrica de Morelos, donde los pobladores no recibieron información sobre la consulta, por lo que en varias casillas no acudieron a votar.
