Alberto Woolrich Ortíz
La abogacía pensante de la República jamás ha expresado, ni lo dirá, que la lectura de nuestra Constitución Política y de las leyes que de ella emanen sea algo imposible de entender para nuestra clase gobernante o para el profano Poder Ejecutivo.
En realidad y por obligación debería ser leído el texto constitucional y comprendido por éstos para poder cumplirlo y acatarlo. Los togados como cualquier profesional de humanidades, no somos unos iniciados en el acceso a los misterios insondeables de las leyes, del que al parecer se encuentran excluidos los antepuestos. No. Pero, vamos, tampoco es verídico que los gobernantes y políticos, con una simple leída al Pacto Federal, puedan presumir de doctos.
Marco Tulio Cicerón, lo expresó en forma muy clara en su Epissole al Frantello Quinto e Altas Epistolari Minori, quizá influenciado por Sócrates, Aristóteles y Platón: “La ley no es otra cosa que la razón justa, que nos invita imperiosamente a cumplir nuestro deber y nos prohíbe violarlo”. También ese gran jurista dijo líneas después: “el buen ciudadano es aquél que no puede tolerar en su Patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.
Ojalá Andrés Manuel López Obrador comprendiera y entendiera ello y también percibiera que “democracia y eficacia siguen siendo para México la tabla salvadora de las instituciones del Estado democrático”. A falta de existencia de esa democracia, como en algunos casos acontece, la actividad del Estado no se encuentra subordinada al orden jurídico productor de derechos”.
Entremos al fondo de la problemática que se ha creado en razón de lo que muchas veces ha expresado desde su púlpito mañanero.
El Poder Ejecutivo Federal, lamentablemente ha referido en afirmaciones temerarias que quienes no son jueces y magistrados afines a la forma de pensar de la Cuarta Transformación de la Nación, representan intereses de grupos conservadores, de facciones, de oligarquías, pretendiendo desconocer con ello que el orden jurídico es y debe continuar siendo independiente.
Al Poder Ejecutivo le está vedado declarar unilateralmente el derecho en casos controvertidos o de conflictos que le son ajenos. Las actividades de ejecución e interpretación de la Ley sólo competen a otro poder. Así lo señala nuestro Pacto Federal.
El Primer Magistrado der la Nación, con su falta de respeto por los conocimientos insertos en la Suprema Ley, lo que hace es enturbiar a México. Hay que enseñarlo a rectificar sus errores. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a la abogacía independiente de la República, para que ésta le razone y explique el contenido del documento del Presidente Carranza y con ello le aclare los yerros que comete. Pero de eso a convencerlo por su escaso conocimiento, hay un abismo que sólo daña a nuestra Patria.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
