Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió este miércoles a los líderes de las siete economías más industrializadas que garanticen el acceso a las vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo.

De cara a la próxima cumbre de líderes del G7, que se celebrará del 11 al 13 de junio en el Reino Unido, los especialistas* recordaron que todo el mundo tiene derecho a disponer de una vacuna “segura y eficaz” contra el coronavirus.

“Ha llegado el momento de la solidaridad y la cooperación internacionales para ayudar de forma efectiva a todos los gobiernos en sus tareas de vacunación y para salvar vidas», dijeron, y añadieron que «no es el momento de negociaciones prolongadas ni de presionar para erigir barreras con el fin de proteger los beneficios de las empresas».

Los expertos destacaron que la rápida producción de vacunas contra el COVID-19 ha carecido de una actuación inmediata que garantice la igualdad de acceso a la inmunización en todos los países y regiones.

«Miles de millones de personas del Sur Global se están quedando atrás. Ven las vacunas como un espejismo o un privilegio para el mundo desarrollado«, recalcaron los expertos. «Esta situación prolongará innecesariamente la crisis, aumentará drásticamente el número de muertes y profundizará la angustia económica, sembrando posiblemente las semillas del malestar social».

Afirmaron que los líderes del G7 deben priorizar la protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas en situación más precaria desde el punto de vista social y económico, en un momento en el que millones de personas se enfrentan a la pobreza y el hambre.

Los países de bajos ingresos han recibido menos del 1% de las vacunas contra el COVID-19

«Es escandaloso que, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, menos del 1% de todas las vacunas administradas hasta ahora hayan ido a parar a los países de bajos ingresos», señalaron.

Subrayaron la importancia de asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en un obstáculo para la producción de bajo coste y la ampliación del suministro.

Recordaron que, aunque el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs por sus siglas en inglés) prevé ciertas flexibilidades, incluida la posibilidad de conceder licencias obligatorias en casos de emergencia nacional, éstas siguen siendo insuficientes para responder a la actual pandemia.

«Maximizar la producción de vacunas seguras debe tener prioridad sobre la obtención de beneficios durante una pandemia«, afirmaron. «Los Estados deben garantizar que la defensa jurídica de la propiedad intelectual y las patentes no socave el derecho de todos a tener acceso a una vacuna segura, oportuna y eficaz».

Asimismo, recordaron a los países que deben actuar en consonancia con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y asegurar que instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio «no limiten la capacidad de sus Estados miembros para cumplir su deber de protección ni obstaculicen el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas».

Los expertos respaldaron una reciente declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, según la cual el acceso desigual a las vacunas por parte de los países menos desarrollados y los países en desarrollo no solo es discriminatorio, sino que también mina los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«Estamos especialmente impresionados por el papel que han desempeñado las organizaciones de la sociedad civil y los activistas en la movilización del apoyo de numerosos Estados y partes interesadas en favor de una vacuna disponible para todos, en todas partes y de forma gratuita», finalizaron.

*Los expertos son: Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vicepresidente), Elżbieta Karska, Githu Muigai, y Anita Ramasastry, grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo y Obiora C. Okafor, experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional.

Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.