Redacción

En México anualmente se llevan a cabo un millón de interrupciones de embarazos no deseados, la mayoría en condiciones insalubres y por personas con mínima capacitación para realizarlos, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres que se los practican, informó el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa, dijo que el 52% de los embarazos no deseados terminan en aborto, por lo que se trata de un problema de salud pública; aunado a ello, la Ciudad de México es la entidad de la República que tiene legislado el tema, lo que expone a las mujeres a perder su libertad si lo practican en otra entidad, además de la estigmatización de que son víctimas.

Explicó que la discusión no solo se trata de si se interrumpe o no el embarazo, el debate central es si se respeta el derecho de la mujer a la libre sexualidad y a la decisión sobre su cuerpo y, en ese sentido, si se le dan condiciones para que al tomar esta medida lo haga en condiciones de salubridad y no ponga en riesgo su vida.

“No es necesario reformar la Constitución para incluir la interrupción legal del embarazo, porque ya está en la Constitución. En el artículo primero constitucional, donde dice que en materia de derechos humanos se interpreta de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia”, detalló.

El petista ahondó que además México suscribió diversos tratados internacionales como la Convención de Derechos Políticos de la Mujer desde 1953, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 y la Conferencia de Viena de 1993.

En todos se busca defender los derechos de las mujeres, por lo que es obligación el Estado mexicano cumplir con éstos. “Son tres autonomías las que la mujer requiere: la económica, la física y en la física implica el reconocimiento a su libre sexualidad y al derecho de determinar sobre su cuerpo; desde esta época nuestro país está siendo omiso en hacer la legislación que les garantice que puedan interrumpir el embarazo”.

Denunció que la violencia política contra las mujeres se está utilizando de manera perversa en muchas ocasiones, se amenaza con hacer perder los derechos político-electorales sin que se vaya a las causas de fondo.

“Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres, tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza sistemática en diferencia a sus capacidades y posibilidades de hacer un trabajo. No se dio esta condición en el caso que a mí me atañe”.