“Las personas jornaleras agrícolas que en México son alrededor de 2.3 millones, han enfrentado durante mucho tiempo una situación de discriminación asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, la informalidad en la mayoría de sus relaciones laborales y su origen étnico”.

“Otro de los factores que los vuelven vulnerables es que tienden a trabajar por estaciones, habiendo períodos del año en que no reciben ingresos, y un porcentaje considerable no cuenta con un empleador fijo, obligándolos a moverse de lugar de trabajo frecuentemente, incluso durante un periodo de días o hasta de semanas”, señaló Andrés Peñaloza Méndez, Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), durante su participación en la Mesa de Diálogo “Personas jornaleras agrícolas ante la contingencia sanitaria”, organizada por el Instituto Nacional del Desarrollo Social (Indesol).

El doctor Peñaloza expuso que prácticamente 43% por ciento de los jornaleros y jornaleras ganan por debajo del salario mínimo legal, volviéndose un grupo de personas con ingresos muy precarios explicando así el por qué están obligados a estar migrando de un lugar a otro, siendo una actividad esencial para la nación. “ellos se centran en diferentes entidades del país como lo es Michoacán, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas, entidades en las cuales concentran prácticamente la mitad de la población, pero igual hay otras áreas agrícolas muy asociados a los mercados de exportación, tanto en el centro como en el norte del país, que se consideran polos de atracción de jornaleras y jornaleros migrantes que viajan desde distintos municipios para tener trabajo y generar ingresos”.

Explicó que el empleador necesita contratar a personal calificado con buenas condiciones de salud y esté bien capacitado. “Afortunadamente existen ya algunos contratos colectivos en campos importantes de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, los cuales se deben extender en los restos de los campos donde no hay organización sindical ni contratación colectiva porque en la medida en que formalicemos el trabajo que se considera actualmente informal, daremos un paso hacia delante por el bien del desarrollo del país”.

Durante su participación Cinthia Márquez Moranchel, Directora de Análisis Macroeconómico y Regional de la Conasami, informó que la dependencia está realizando un estudio con datos a partir de 2013, en donde se refleja que las personas jornaleras agrícolas no tienen garantizado su empleo y en promedio trabajan alrededor de 180 a 200 días al año, no más, agregó que 94 % no cuenta con un contrato escrito, y 9 de cada 10 personas jornaleras agrícolas no tienen acceso a la salud por parte de su trabajo y tampoco reciben prestaciones laborales.

Dijo que las y los jornaleros sufren carencias en sus viviendas con un mayor porcentaje que el resto de la población “ya que una de cada dos personas viven sin acceso a servicios básicos por tener que establecerse cerca de las unidades de producción en los campamentos o viviendas que son improvisadas, en donde los empleadores les ofrecen espacios para quedarse, pero también se ha vuelto un riesgo grave porque al momento de que este grupo de personas migran en diferentes transportes públicos y a veces moviéndose con la familia, al momento de llegar al trabajo de producción e incorporarse a una nueva vivienda, pueden contagiarse fácilmente de Covid-19”.

Cinthia Márquez concluyó que se requiere de un esfuerzo en conjunto a nivel institucional en el que intervengan las Organizaciones de la Sociedad Civil y académicos que hayan estudiado el tema para que aporten su experiencia porque se requiere visibilizar la situación en la que se encuentras las personas jornaleras y la importancia que tiene su labor en la sociedad. De igual forma se requiere garantizar el acceso a la salud a este grupo de personas y que accedan a un pago justo, pero “también hay que establecer que las personas jornaleras tengan la garantía de un contrato en el que se establezcan sus responsabilidades y las obligaciones del empleador, siendo la exigencia que se tiene que dar en conjunto, sobre todo en el contexto que se está viviendo de la pandemia”.