En inédito ejercicio de rendición de cuentas, secretaria Sandoval Ballesteros informa resultados de fiscalización en Conade y Sader

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En un inédito ejercicio de rendición de cuentas en Palacio Nacional, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó esta mañana los resultados de las auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en particular al Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), y de las visitas de inspección al Programa de Fertilizantes, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).En ambos casos, puntualizó que “la Función Pública avanza en la transformación de la fiscalización punitiva en una preventiva que permita ajustar y generar cambios para tener un mejor gobierno, que asigne responsabilidades y mejore sus procesos con base en los principios de austeridad republicana, probidad, eficacia y legalidad, al tiempo que se combate la impunidad para acabar con las inercias administrativas del pasado”.
Expuso que, en el caso específico de la Conade, el Órgano Interno de Control (OIC) avanza en la conformación de los informes de probables irregularidades de cada observación, en este momento, reiteró que la Función Pública no abdicará en lo que respecta a determinar la responsabilidad que cada servidor público tenga.
Explicó que, en el sector de Educación y Cultura, durante 2019 los OIC realizaron 371 auditorías a 55 instituciones y a partir de ellas la Función Pública emitió mil 396 observaciones. Precisó que en la Conade se efectuaron siete auditorías que determinaron 22 observaciones. Especificó que en el caso del Fodepar, se practicó una auditoría que arrojó seis observaciones, de las que cinco permanecen pendientes.
Recordó que desde abril de 2019 la Función Pública abrió cuatro expedientes de investigación en la Conade, a raíz de denuncias ciudadanas y periodísticas, por presuntos actos de corrupción en la operación del Fodepar, supuesta usurpación de funciones, probable conflicto de intereses, y una presumible colusión de funcionarios públicos del organismo deportivo con empresas particulares.
Puntualizó que la auditoría al Fodepar, instruida por el presidente López Obrador, comenzó el 1 de julio y concluyó el 27 de septiembre, tras fiscalizar los recursos ejercidos en el periodo de enero a junio de 2019, con seis observaciones de las cuales se notificó a la Conade. Subrayó que el pasado 2 de diciembre venció el plazo para la recepción de información referente a solventar las observaciones y desde ese día se analiza la documentación proporcionada para poder cerrar el proceso de auditoría en el sentido que marquen las investigaciones.
Detalló que las seis observaciones, cinco de ellas aún pendientes, se refieren, entre otras cosas, a desapegos en la designación de funcionarios y entrenadores que no cumplían el perfil; uso indebido del beneficio de alimentación y hospedaje exclusivo para deportistas de alto rendimiento por parte de entrenadores y prestadores de servicios; irregularidades en apoyos diversos entregados a entrenadores beneficiarios del Fodepar, y otorgamiento, comprobación y materialización de eventos y adquisición de equipo deportivo, además de pagos indebido a entrenadores.
La secretaria Sandoval Ballesteros explicó la situación que guardan las observaciones con la información entregada por la Conade para solventarlas y precisó que, a partir de la actuación proactiva del Órgano Interno de Control, el organismo deportivo ya tomó medidas para mejorar los sistemas de control de gastos e hizo énfasis en que ésta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. “Más allá de los montos, las irregularidades detectadas reflejan la actitud anquilosada que aún permanece en la Administración Pública Federal”, advirtió.
Visita de inspección en Sader por caso de fertilizantes y semillas
En cuanto al Programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la secretaria Sandoval Ballesteros informó que en 2019 los OIC del Sector Bienestar y Recursos Renovables realizaron 266 auditorías en 33 instituciones. Indicó que, en el caso particular de la Sader, se llevaron a cabo 27 actos de fiscalización que arrojaron 130 observaciones sobre el funcionamiento de sus programas y el ejercicio de recursos.
Como parte de esos actos de fiscalización se realizaron dos visitas de inspección al Programa de Fertilizantes, enfocadas directamente al otorgamiento de ese insumo y de semilla de maíz, en las que se encontraron deficiencias en la operación e indicios de presuntas irregularidades, como responsabilidad de servidores públicos de alto nivel en procedimientos deficientes de adquisición, falta de mecanismos de control y supervisión, e inconsistencias en los padrones de población beneficiaria.
Asimismo, el presunto incumplimiento de requisitos de una de las empresas a las que se adjudicó un contrato y deficiencias en la investigación de mercado para identificar potenciales proveedores, así como excedentes en dos contratos de compra previstos por alrededor de 91 millones de pesos.
Afirmó que, de manera proactiva, el OIC de la Sader abrió una investigación sobre el programa de otorgamiento de semilla para verificar la autorización del proyecto, el procedimiento para adquirir semilla de maíz y constatar denuncias sobre su calidad. Así, observó que se compraron 275 mil 260 sacos de maíz, pero sólo se entregaron 179 mil 200, lo que podría constituir un daño al erario por más de 127 millones de pesos.
En segundo lugar, se detectó que se otorgó un contrato que no asegura las mejores condiciones a una empresa que fue responsable de entregar 70% de las semillas certificadas y 30% de semillas declaradas, además de que los responsables del proyecto no cumplieron los Lineamientos para la Designación de Instancias Participantes.
Subrayó que gracias a esta investigación se identificaron estas dos anomalías que podrían constituir faltas administrativas o daño al erario, según el caso, por lo que anunció que este año la Función Pública realizará una visita de inspección para entrevistar a productores beneficiarios; en su caso, establecerá responsabilidades a los operadores directos de la ejecución e implementación de ambos proyectos y, en su momento, instará al área jurídica de la Sader a formular las acciones legales correspondientes.
“Desde la Secretaría de la Función Pública estamos impulsando una nueva ética. La Función Pública es una contraloría social del campo en el campo”, concluyó la secretaria Sandoval Ballesteros.