DURANGO, Dgo.- La organización World Justice Project (WJP), en su evaluación 2019-2020, calificó a Durango como el tercer mejor estado de la república mexicana en el índice de Estado de Derecho, sólo por debajo de Yucatán y Aguascalientes, lo que refleja que el Gobierno del Estado tiene una mejor aplicación de la ley en forma equitativa, justa y con apego a los derechos humanos; mientras que en el rubro que mide la seguridad de las personas, esta entidad se encuentra en la segunda posición.Francisco Javier Castrellón Garza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que de acuerdo con el trabajo realizado por esta organización internacional, en el que se tomaron en cuenta diversos factores para medir el índice de Estado de Derecho, Yucatán tuvo un puntaje de .46, Aguascalientes alcanzó .45, mientras que Durango obtuvo .43, siendo las tres mejores entidades en este tema.
El Secretario, agregó que en lo que se refiere a orden y seguridad, uno de los factores evaluados para la medición final de Estado de Derecho, esta entidad sumó .60, sólo por debajo de Yucatán, que obtuvo .73.
En este análisis, se incluyó también, la medición de homicidios, victimización y percepción de seguridad, posicionándose a la entidad como el tercer lugar en ausencia de homicidios; en cuarto sitio en ausencia de crimen y en el cuarto puesto en el que sus habitantes se sienten más seguros.
Castrellón Garza, dio a conocer que en cuanto a Justicia Penal, Durango refleja un avance significativo, pues se encuentra entre los mejores seis estados en los que, el debido proceso legal de los acusados se garantiza efectivamente, además de que se posiciona, en el noveno lugar de las entidades en las que, la Policía y el Agente del Ministerio Público investigan los delitos de manera eficaz.
Finalmente, entre otros de los factores evaluados, el Secretario de Seguridad Pública dio a conocer que el estudio elaborado por World Justice Project arrojó que Durango está en quinto lugar de los estados en el que su sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
