En defensa de la justicia

Política

Alberto Woolrich Ortíz

No se puede ni debe jamás de ser olvidada la inteligencia y la sensibilidad desbordante de San Agustín de Hipona. Su pensamiento fue luz en una época en que tantas ilusiones quedaron frustradas. Era un ser humano irrepetible, admirado y querido hasta por sus adversos más radicales: Un pensamiento lo retrata cuando expresó: “Si la cosa creída es increíble; también es increíble que lo increíble pueda ser creído”.

En éste año de elecciones, después de la turbulencia causada por aquél artículo transitorio que pisoteó el contenido, letra y espíritu de nuestra Ley de Leyes, el Presidente salió a la palestra y con su conocido sonsonete dijo: “Urge una reforma al interior del Poder Judicial”, donde “impera el nepotismo, la corrupción y el influyentismo”. En la referida Tribuna del Palacio Nacional, el Primer Magistrado también expresó: “que respecto a la ampliación del periodo que permitirá permanecer dos años más al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea……. Le tengo confianza”. Pienso que “sí se debe ampliar el plazo de su mandato, con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo en ello”.

Con el extraño e imponderable decir de quien no es abogado, se pretende, ojalá sin éxito a futuro, descalificar el contenido del arábigo 97 de la Constitución Política, es decir, a toda costa dejar sin efecto alguno a nuestra Suprema Ley, que fue la substancia irreversible de la sangre derramada en la Revolución Mexicana, gracias a su indiscutible porfía y evidente escaso talento jurídico ensaya cambiar el curso de la justicia, logrando incluso aplaudir el incremento del plazo que la Suprema Ley concede a los Ministros Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal indignidad representa en sí un beneplácito para desquebrajar nuestro muy lesionado y moribundo Estado de Derecho.

Algunos lectores, que no todos, agradecerán y aplaudirán al profuso Presidente de la Nación dé a conocer su peregrina colaboración para golpetear a nuestra casi perdida justicia.

¿No será que en el fondo del subconsciente de nuestro Señor Presidente, éste desearía seguir el pésimo ejemplo de aquél “Bonillita” de Baja California Norte?. No puede explicarse en otra forma, la absurda incoherencia del Primer Magistrado de la República al considerar y estimar que nuestro Pacto Federal puede ser golpeado, vejado y malogrado impunemente, sin pensar que lejos de beneficiarlo ello le perjudica.

Para ese personaje de la política mexicana como Don Andrés, que se dice demócrata y estadista, resulta muy criticable y francamente aberrante estimar que nuestra Carta Federal y la Justicia inserta en ella no valen nada, sin contar con las loas indignantes de algunos senadores de la República. No respetar nuestra Carta Fundamental, es penetrar en un terreno de justicia que le está vedado, desconoce todo y nadie lo ayuda en ello. Todos los aplausos que efectúa con gran ineficacia a favor de la prórroga del mandato, no son de su competencia, son del terreno de la justicia. Cualquier jurista, si no sabe, cuando menos comprende, que esas muestras de confianza y aplausos por ampliación del término, son asuntos meramente políticos y no de justicia.

Olvida a toda costa y pretende ignorar que la justicia no se deja, que ya la han golpeado tanto que hoy va por su revancha, bien erguida, por lo que sus aplausos resultan ofensivos.

Por último, debo sostener, para no incidir en lo obvio, que los académicos de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., se encuentran del lado de la justicia, de la Ley y de la Carta Magna y no dudan un sólo instante en salir en defensa legítima de nuestra Diosa Themis, con la que se logrará para bien de México una trepidante relación de respeto y entendimiento mutuo.

Luego entonces, vayan éstas líneas en desagravio de la justicia, para que con su grandiosa misión siga adelante y muy a pesar de los ladridos de ciertos senadores que propusieron e impusieron un insulso transitorio.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho

Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..