Al comparecer como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, así como la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos, y se ha alcanzado ya el punto de inflexión.
Refirió que el logro de resultados y la satisfacción ciudadana son los dos conceptos claves de la misión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y expuso que la eficacia cierra los espacios a la corrupción: “si hay que cumplir metas y alcanzar objetivos, las oportunidades de que ocurran acciones irregulares se reducen a su mínima expresión”. A ello, señaló, se agrega la “honradez, un valor que obliga a conducirse de manera honesta, de conformidad con los principios de la ética pública”.
Ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, aseveró que: “la eficiencia en el proceso administrativo que nos toca vigilar es la decisión de hacer las cosas con la calidad establecida y en el menor tiempo posible; la economía no solo consiste en obtener el menor precio, sino las mejores condiciones para el Estado; y la transparencia es la obligación de informar de manera sistemática a los ciudadanos no solo sobre qué hace el gobierno y porqué lo hace, sino también de los resultados de las políticas públicas”.
Explicó que el fortalecimiento del control interno es una tarea permanente, con ese propósito, en el último año la SFP participó en 718 sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional de 219 de las 241 instituciones públicas, lo cual representó un incremento de 192% respecto del periodo anterior.
Añadió que: “mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal, con el objetivo de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. Este acompañamiento significó una cobertura del 74%, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”.
Expuso que para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504 mil millones de pesos otorgados a 37 millones de personas, se dispuso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales que permite homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones.
Ante los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, indicó que junto a las tareas preventivas están las de fiscalización, por lo que se fortaleció la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), con lo que “tenemos la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías”. Y en lo concierne a las compras, refirió que el pasado 1 de octubre se puso en operación la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
En cuanto a la protección del patrimonio público federal, informó que se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de 8 fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos que se dictaminaron fue de 12 billones de pesos.
El secretario Roberto Salcedo afirmó que en el combate a la impunidad se sancionó a 155 licitantes y proveedores con multas en conjunto por 154 millones de pesos, 300% superiores a las del periodo anterior. Las faltas más recurrentes fueron en proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.
Respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa, señaló que el universo fue de 9 mil expedientes, de los que 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en sustanciación. Asimismo, destacó que se impusieron 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones públicas y privadas, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3 mil 658 millones de pesos.
Añadió que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y falsificación de documentos; ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obras públicas.
Enfatizó que la SFP promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil Comités de Contraloría Social, conformados por 275 mil personas. También se instituyó el Padrón de Integridad Empresarial, plataforma que busca fomentar la ética y la honestidad en las empresas del país.
Por otra parte, expuso que: “hemos abierto la puerta a las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas”, y dejó en claro que en todo momento se ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso.
Las acciones de la SFP en el combate a la corrupción se manifiestan en mediciones como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, en donde la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción disminuyó en 4 puntos porcentuales entre 2017 y 2019. También se refleja en la percepción de corrupción en el Gobierno Federal, que presentó una reducción de 20 puntos porcentuales, mientras que la confianza en este orden de gobierno aumentó 25 puntos porcentuales, agregó el secretario Salcedo Aquino.
Asimismo, resaltó que este mes se publicó el Latinobarómetro 2021 y lo más significativo es que en 2018, el 74% de los mexicanos opinaba que la corrupción aumentaba; ahora, en 2021, sólo el 49% piensa lo mismo, lo que significa que se avanzó 25 puntos.
Además, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 evidenció que el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos disminuyó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2020.
El secretario Roberto Salcedo Aquino concluyó que: “el principio de responsabilidad nos impele a continuar con la lucha que hemos emprendido y a fomentar de manera universal la ética pública en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos. El nombre de la Secretaría nos indica el rumbo: que lo público funcione y lo haga con probidad”.
