La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exige al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acatar la Recomendación 40VG/2020, emitida en diciembre del año pasado por este Organismo Autónomo, en la que se acreditaron actos de violencia sexual cometidos en agravio de diez niñas y cinco niños, así como de al menos 43 alumnos, cuyas identidades no pudieron ser establecidas, en el centro educativo, “Fray Ruiz Cabañas y Crespo”, ubicado en el municipio de Chapala.

Luego de que recientemente el mandatario estatal declaró ante los medios de comunicación desconocer la citada Recomendación, la CNDH solicita que en este caso prevalezca la verdad, la justicia y la no repetición de los actos, además de dar cabal cumplimiento a los puntos recomendatorios en los que, entre otros puntos, se solicita a las autoridades de la entidad que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reparen integralmente el daño ocasionado a los progenitores y/o a quienes ejerzan la patria potestad de las personas menores de edad, mediante una indemnización justa y que sus nombres queden inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.

El pasado 11 de diciembre, el Gobierno de Jalisco envió un documento a este Organismo Nacional con la aceptación de los actos reclamados, afirmando acatar lo establecido en dicha Recomendación y asegurando que “acudimos ante esta Comisión, para aceptar la totalidad de los puntos recomendados, con las precisiones que se harán de manera particular en cada uno de ellos”.

Cabe señalar que, en este caso particular, la CNDH acreditó la responsabilidad de tres personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco en los hechos y violaciones graves a la procuración de la debida justicia y a la verdad, atribuibles al personal de la Fiscalía General de Justicia y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en lo relativo a la emisión de dictámenes periciales.

Por todo lo anterior y ante las declaraciones del propio Gobernador del Estado, quien aseguró no estar al tanto de la situación, la Comisión Nacional solicita restablecer el Estado de Derecho y reponer las actuaciones necesarias, garantizando la no repetición de los actos que afectaron directamente a las víctimas menores de edad y a sus padres.