La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó a las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los 1,445 adolescentes privados de la libertad en los 45 centros de tratamiento interno en todo el país (100%), quienes enfrentan diversas irregularidades en esos lugares que les obstaculizan alcanzar la reinserción y reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, por lo que hacer caso omiso a la atención que se les debe brindar puede derivar en resentimientos contra la sociedad, por no comprender los efectos negativos de su conducta.
Para esta Comisión Nacional resulta imperativo impulsar acciones para que la atención a los problemas de esos centros se concrete mediante el compromiso decidido de la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, con el fin de que implementen políticas públicas que les garanticen el acceso a todos sus derechos establecidos en la legislación nacional e internacional, mediante la atención a todas las carencias e irregularidades presentadas en los establecimientos visitados.
En tal sentido, la CNDH formuló 20 propuestas dirigidas a los Gobernadores de los Estados y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre las que sobresalen la necesidad de instaurar la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes; lograr la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo vencimiento es el 18 de junio próximo; mejorar e implementar instalaciones dignas y seguras; contar con personal especializado en materia de justicia para adolescentes, brindar la debida atención a las necesidades específicas de las mujeres adolescentes; realizar la adecuada clasificación y garantizar el derecho a la protección de la salud.
Al presentar el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley Penal de la República Mexicana, este Organismo Autónomo señaló que resultado de las visitas realizadas a esos centros se encontró que en 42 de ellos faltan áreas para el acceso a servicios y actividades; en 35 hay inexistencia de reglamentos y manuales de procedimientos; en 35 falta la prestación de servicios médicos; en 34 se presentan condiciones de desigualdad en áreas y personal para mujeres; en 29 se carece de personal técnico y actividades tendentes a la reintegración social y en 26 se tienen inadecuadas condiciones de instalaciones.
También 23 tienen inadecuada separación y clasificación de las personas internas; en 17 hay adolescentes con adicciones con deficiencia en el tratamiento; en 16 se adolece de capacitación y especialización de servidores públicos; en 12 se tiene insuficiente personal de custodia, e igual número carece de accesibilidad para personas con discapacidad física; en 11 se enfrentan problemas en las condiciones relacionadas con el trato a las personas adolescentes; en 9 se tienen carencias de alimentación; en 9 más tienen deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior; en 8 deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno; en 7 se presentan irregularidades en la imposición de sanciones; y en 5 las condiciones afectan el orden y la disciplina; finalmente en 1 se presentan irregularidades de obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias.
Para la supervisión de los centros se incluyó la utilización de cuatro instrumentos con una perspectiva de protección integral e interés superior de la niñez, a partir de estándares nacionales e internacionales, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad en: 1) estancia digna, 2) protección de la salud, 3) integridad personal, 4) vinculación con la sociedad, 5) mantenimiento del orden y 6) aplicación de medidas disciplinarias.
La supervisión abarcó los 45 centros de tratamiento interno, de los cuales 6 (13%) son varoniles, 4 (9%) femeniles y 35 (78%) mixtos, que en conjunto tienen una población de 1,445 personas, de las cuales 1,237 son hombres y 208 son mujeres. De la población total, 1,362 personas (94%) están por conductas tipificadas como delito del fuero común y 83 (6%) por conductas tipificadas como delito del orden federal, en tanto que 431 (30%) su situación está en procedimiento y 1,014 (70%) se encuentran en tratamiento interno.
Durante las visitas de supervisión se aplicaron entrevistas a los responsables de los centros de tratamiento interno, personal médico, técnico y guías técnicos (seguridad), así como 761 encuestas anónimas a igual número de adolescentes internos, es decir al 53% de la población total.
Este Informe Especial, que se realizó durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019, contó con el apoyo de personal de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
