El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, destacó que es necesario reconocer que el voto migrante es un derecho vigente y cualquier cosa que lo dificulte es una violación de esta garantía.
Mencionó que en el análisis de la reforma electoral, un criterio importante a considerar es que los connacionales que viven en el extranjero tienen el mismo derecho.
Al participar en la mesa “Reforma constitucional, revocación de mandato, voto electrónico, voto digital y voto en el extranjero”, como parte de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral y del Estado, que se realizó en San Lázaro, consideró positivo el voto electrónico, porque acercaría las posibilidades de emisión a los ciudadanos y reduciría costos.
“Estoy totalmente en contra del voto presencial en consulados porque supone regresar las elecciones a una sede gubernamental e instalar cientos de casillas con todos los problemas logísticos y políticos; tenemos que mantenernos en el voto por internet y gradualmente despedirnos del voto postal”, concluyó.
El presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, dijo que se tiene que trabajar para generar confianza en la ciudadanía, seguridad en los sistemas e infraestructura y desarrollo tecnológico.
Consideró importante enfocarse en procesos electorales digitalizados y con un alto uso de la tecnología, con una premisa de control clara, que no implique reducir ninguno de los mecanismos de certeza que han llevado más de 30 años de construcción en las instituciones electorales.
“Sería deseable tener un sistema electoral conectado adecuadamente con las generaciones actuales. Hay que pensar en una ciudadanía que sin comprometer su capacidad crítica y su derecho a la exigencia, tenga suficiente confianza en procesos electorales suficientemente dotados de tecnología, como resultado de un amplio ejercicio de socialización de las urnas electrónicas”.
Tiene que haber un consenso político y analizar el proceso electoral para identificar actividades que generen costos significativos o logística compleja que puedan ejecutarse con un menor costo utilizando plataformas digitales.
El magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sergio Arturo Guerrero, estimó que probar que hubo fraude en casillas es muy complejo, es difícil demostrar que hay boletas falsas en las urnas. “Hoy están dadas las condiciones para apostar por el voto electrónico, hoy por hoy están dadas las condiciones para que las tecnologías de la información nos ayuden”.
Respecto a la revocación de mandato expresó que si esto sucede, México sería el único país en donde el propio presidente podría pedir la revocación de un mandato que le otorgó la ciudadanía, lo que no sería recomendable.
“Sí lo puede hacer la legislatura y puede establecerlo el legislador, pero a costa de qué. Así como está el dictamen, y ruego a los diputados y diputadas que lo piensen mucho, es periódico y de hecho hay un artículo, el 83 que se parece mucho a disposiciones con las que algunos presidentes latinoamericanos se reeligieron”.
Esta figura de anulación generaría gastos adicionales. Lo que hay detrás de esto, es un derecho fundamental y todo derecho genera un costo. “Se debe tener cuidado y responsabilidad con esta institución, pueden poner lo que sea, pero no a costa de lo que sea”.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) expresó que en la Comisión de Gobernación se discute una iniciativa que busca expedir una Ley General de la Ciudadanía Digital “que tangencialmente toca asuntos electorales, ya que considera la credencial de elector, misma que ha sido el medio para acreditar la identidad personal de los ciudadanos mexicanos”.
La ciudadanía digital, puntualizó, permitirá y facilitará las tecnologías para los procesos políticos-electorales, a partir del fenómeno tecnológico que se ha vivido en los últimos años, y posibilitará la democracia participativa.
Esta ley busca proteger los datos personales y derechos digitales de los ciudadanos; acreditar la identidad personal como individuos de manera sencilla, segura y fiable; fortalece y usa los medios digitales, así como nuevas tecnologías y facilita el acceso a la información y la transparencia para el combate a la corrupción.
Hidalgo Ponce sostuvo que en el debate de esta reforma, no se ha considerado las implicaciones que tendrán las consultas ciudadanas. “Debemos lograr una democracia participativa; que las consultas sean parte de la vida cotidiana y los ciudadanos resuelvan los problemas que les preocupan e interesan”.
Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado del PAN, calificó de complicado transitar de golpe al voto electrónico y afirmó que la revocación no debe ser instrumento de manipulación a un pueblo que no cree en la política.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) señaló que en meses pasados el Consejo General del INE respecto de las elecciones de Puebla y el voto en el exterior, aprobó un acuerdo para que los registrados en la lista nominal en el año 2018, mediante una llamada se les preguntaba si querían ser incorporados o no. “Yo me pronuncié en contra, porque es condicionar el ejercicio del voto a una llamada”.
Por el PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván expuso que es fundamental conocer opiniones de la sobrerrepresentación y cómo se pueden aplicar en la integración de las legislaturas o no, considerando a las coaliciones. Además, sobre el control de los órganos internos del Poder Legislativo.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) cuestionó si la sobrerrepresentación es una regla de integración que culmina una vez que alguien asume la posición de legislador y si ¿se podría traducir una regla similar en el voto ponderado de la Junta de Coordinación Política, toda vez que se encuentra fuera del control jurisdiccional en el ámbito político, por qué al amparo lo declaran improcedente? ¿Cuál sería la propuesta?
Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, mencionó que ante la destitución de un consejero de Querétaro por no existir otro tipo de sanciones como la separación del cargo, en el Congreso se planteó una iniciativa para extender sanciones y cuestionó ¿Cuál es la posición de los ponentes?
El exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, afirmó que todavía se vive en la subcultura del fraude y la desconfianza; no se puede pensar en el voto digital o electrónico, se tiene que continuar con el papel pese al costo que representa la impresión de tantas boletas. Sobre el voto de los mexicanos en el extranjero puntualizó que esto no se justifica ni jurídica ni políticamente.
La revocación de mandato no existe en la legislación, salvo en la materia municipal; el servidor público que asumió el cargo por voluntad del pueblo no puede pedir dicho procedimiento porque sería un contrasentido, el único que puede hacerlo es el que lo otorgó y éste fue el pueblo, la ciudadanía.
“¿Quién puede revocar? Sólo el pueblo, los ciudadanos pueden convocarlo siempre y cuando sea por causas graves previstas en la Constitución o en la ley”.
“El Presidente de la República no debe ser sometido a revocación de mandato, porque esto implicaría, tomando en cuenta su calidad de Jefe de Estado y de Gobierno, una grave crisis de tipo político, económico y social. En tal circunstancia queda el paso del juicio político”, comentó.
En representación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Arturo Ramos Sobarzo, expresó que, si se quiere enfrentar el tema de revocación de mandato, se debe hacer distinciones del grado de elección, contemplar los sujetos legitimados –quién puede iniciarla- y el porcentaje de vinculación para la misma.
Indicó que no es positivo establecer procesos plebiscitarios o consultas populares con elecciones, pues éstos necesitan un amplio debate o podrían entrar en tensión con el sistema electoral dado que en el periodo de campañas políticas “hay un silencio en cuanto a la propaganda gubernamental”.
Hizo votos para que esta reforma considere a la migración, pues los mexicanos en el exterior nutren de ingresos al país. “El Estado mexicano debe tener una respuesta para garantizar y ampliar los derechos políticos de los mexicanos”. Además, consideró positivo el voto electrónico; sin embargo, el mismo debe ser pulcro, limpio, transparente y con plena confianza”.
José Antonio Carrera Barroso, especialista en derecho electoral, mencionó que la Ciudad de México, Guanajuato y Puebla son las únicas entidades que han emprendido acciones para fomentar el voto de los mexicanos en el extranjero. “Si bien el INE ha hecho un buen trabajo en esta materia, los migrantes deben ejercer sus derechos políticos y se debe ver lo que han emprendido los institutos locales”.
En materia política, se deben eliminar fronteras, impulsar el sufragio transnacional, en dos vertientes: voto de los mexicanos en el extranjero y el voto de los extranjeros en el país. “Este ultimo con reglas claras, pues tenemos cerca de 300 mil migrantes en México de otras nacionalidades”.
Pugnó por una mayor representación política de los migrantes y la creación de la Sexta Circunscripción. También, por una unidad técnica permanente de carácter institucional y el voto electrónico con modelo mixto (postal y electrónico). “No se debe hacer política en este país sin pensar en nuestros paisanos”.
La exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López aseguró que el país necesita una reforma constitucional en materia electoral y para que la democracia se construye todos los días, para que ésta sea plena, se requiere evolucionar a la par de la sociedad, con reglas claras que respondan de manera fiel al contexto social y político que regulan.
Se pronunció por reconfigurar la naturaleza de los OPLE, ya que su esquema no corresponde a su realidad. “En un plano ideal, la organización de las elecciones nunca debió migrar de la esfera estatal a la nacional; sin embargo, las condiciones políticas, sociales y de seguridad nos llevaron a este resultado. Es hora de ponderar resultados y transitar a un federalismos más pragmático y menos doctrinario”.
Por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega argumentó que el tema de la revocación de mandato, plantea la problemática de responsabilidad política del Presidente de la República en términos generales.
Lo viable, dijo, es introducir una revocación directa y constitucional, la única forma razonable de tener un control político del mandato, pero el problema es que dicha figura no puede implicar un privilegio o una facultad del presidente, “no tiene una razón útil, cuando a lo que tiene que someterse es al ejercicio de su mandato presidencial. Es un derecho de los ciudadanos o de la oposición”.
Del diario El Heraldo de México, Nayeli Cortés Cano, consideró que es momento de desdoblar la estructura electoral del Instituto y plantearla de otra manera; es necesario darle autonomía al órgano interno de control, porque todas las acciones que quiere proponer pasan por un consejo general y habitualmente no son aprobadas. Respecto al voto electrónico, observó que el sistema electoral tiene un nivel de confiabilidad que aún está madurando.
