El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México debe cobrar vida y ser punta de lanza de un proyecto de participación ciudadana que abarque todos los estados del país, con estructuras plurales e inclusivas, señaló la maestra Beatriz Solís Leree, Profesora Distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dicho organismo deberá impulsar los derechos de las personas convertidas en audiencias, comentó al participar en el Foro Hacia el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, en el que comunicólogos y periodistas aportaron recomendaciones a las comisiones que revisarán dicha iniciativa para su posterior aprobación.
Al hablar en la mesa Independencia editorial y autonomía de gestión, realizada en la sede del Congreso capitalino, apuntó que lo especificado en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, relacionado con una urbe incluyente, podría derivar en el acta de un sistema que debe fortalecerse, en “una tarea que nos corresponde a los ciudadanos, a las audiencias”.
La también defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano enfatizó que si bien la capital del país recibe la señal de diversos medios de comunicación electrónicos de cobertura nacional y local, tanto comerciales como públicos, en la práctica pocos contenidos permiten reflexionar, analizar o atender las problemáticas y las necesidades de los habitantes.
La académica del Deapartamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco expuso que si se permite el ejercicio de la libertad de expresión y la protección del derecho a la información se harán visibles “posibles soluciones e intervenciones en la materia”.
Por lo que sugirió que este proceso de ciudadanización “debemos hacerlo crecer y enriquecerlo, por lo que el Congreso de la Ciudad de México tiene ante sí la oportunidad de constituir un sistema que marque la pauta para el resto de los medios públicos”.
Solís Leere enlistó los requisitos que tendrían que incluirse en la propuesta final del proyecto, entre ellos su carácter no gubernamental, independiente y plural mediante políticas inclusivas, gratuidad del servicio y acceso universal para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
En lo particular, debe enfatizarse en la no discriminación y “no sólo considerar la que existe entre hombres y mujeres, hay muchas otras formas y deben evitarse. En sus ejes rectores no se implanta un código de ética, fundamental para que se establezcan los compromisos frente a las audiencias, así como en la protección a sus colaboradores”.
Idealmente el sistema debería caracterizarse por su pluralismo en cuanto a las corrientes culturales, ideológicas, políticas, artísticas, económicas y sociales, con el fin de fortalecer la democracia; “la radio y la televisión no deben utilizarse como herramientas de comunicación o propaganda de gobierno o interés privado alguno”.
Por ello, aplaudió “el financiamiento público del sistema, que es una garantía y adecuado al mandato establecido por la ley”, y felicitó la iniciativa debido a que se pronuncia “en contra de injerencias arbitrarias de sectores públicos, privados, de cuotas o negociaciones”.
Sobre este mismo rubro refirió que el financiamiento prevé el patrocinio, “pero no define el porcentaje que debe tener. Todos los medios públicos deberían ser supervisados por una autoridad independiente cuyos integrantes tienen que ser elegidos mediante procedimientos transparentes y en función de la idoneidad profesional y ética”.
También sugirió aumentar la promoción y el estímulo a la investigación de audiencias y la evaluación de contenidos, que “deberían estar incorporadas a las obligaciones de la dirección, ya que la ciudad cuenta con las cabezas de todas las universidades que pueden ser coadyuvantes permanentes para lograr una verdadera evaluación de audiencias y no sólo basarnos en ratings”.
Además llamó a la posibilidad de considerar que el consejo consultivo sea honorífico y no por honorarios, en el foro organizado por las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración Pública Local de ese órgano legislativo.
