El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputado Feliciano Flores Anguiano (Morena), confió en que, más tardar, en marzo del 2020 se concluya el proyecto de iniciativa de la ley general de aguas.Al inaugurar el foro “Hacia la construcción de una nueva ley general de aguas”, dijo que se tomarán en cuenta las propuestas de los 36 foros realizados en todos los estados, se tomarán en cuenta para construir el nuevo ordenamiento legal. “El proyecto lo queremos concluir el próximo febrero o marzo y presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados”.
Con los foros a realizarse en Oaxaca y Sinaloa concluye este ciclo que contó con la participación de ciudadanos y expertos en el tema. “Estoy seguro que la información de todos será de gran valía y se plasmará en la ley”.
La diputada secretaria de la Comisión, Leticia Díaz Aguilar (Morena), afirmó que el reto es crear un marco jurídico que permita una forma diferente de gestión del agua, con una visión integral de respeto a su ciclo natural, así como generar instrumentos administrativos para garantizar el derecho humano al vital líquido y su saneamiento.
De la misma fracción parlamentaria, Ana María Rodríguez Ruiz, subrayó que el resultado de estas mesas de trabajo se integrará en la nueva ley.
Su compañera diputada Beatriz Rojas Martínez afirmó que esta ley puede ser considerada la más importante a nivel nacional, porque el agua es fuente de vida. “Su redacción debe ser equitativa, ya que el líquido es un derecho de los pueblos que han sufrido desabasto”.
También de Morena, la diputada María Bertha Espinoza Segura puntualizó que apoya reformas que garanticen el suministro a todos. “Tenemos que contribuir a cuidar el agua y no contaminarla, tenemos tiempo de revertir el daño que estamos haciendo”.
El secretario de la Comisión, diputado Casimiro Zamora Valdéz (Morena) dijo que para garantizar el servicio humano, agrícola, ganadero, forestal e industrial del agua, es necesaria la participación del capital privado que resuelva la problemática “ya que ningún presupuesto es suficiente”.
El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, afirmó este ordenamiento debe beneficiar a todos los habitantes; destacó la importancia de contar con una nueva ley debido a que la actual data de 1992, cuando la situación social, económica y social era diferente.
“Este nuevo ordenamiento debe aprovecharse para el fortalecimiento institucional de los organismos operadores en el país y, con ello, allanar el camino para cumplir con el derecho humano al agua”.
Consideró que para cumplir con este derecho, el Sistema de Aguas de la CDMX, debe cambiar su personalidad jurídica; es decir, de un organismo desconcentrado a uno público descentralizado que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, con perspectiva metropolitana y visión integral de la cuenca.
Subrayó que esta ley tiene que estar en armonía con la Constitución de la Ciudad de México, la cual establece que el servicio de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad y patrimonio propio.
La legisladora del Congreso de la CDMX, María Guadalupe Aguilar Solache, dijo que es grave el estrés hídrico que enfrenta la ciudad. Mencionó que en el Congreso local se presentó una iniciativa a fin de que el gobierno de la Ciudad coloque, gratuitamente, sistemas de captación de agua pluvial en zonas con mayor precariedad hídrica, e indicó que es importante establecer tarifas diferenciadas.
De la Asociación Civil “Agua para todos. Agua para la vida”, Elena Burns Stuck, consideró que la nueva ley debe incluir el tema de concesiones, a fin de obligar y permitir el acceso equitativo y sustentable y prevenir la violación del derecho humano al agua. “Se tiene que lograr un marco institucional que vigile constantemente el ejercicio de autoridades”.
Alejandro Velázquez Zúñiga, defensor de los pueblos originarios, comentó que el Sistema de Aguas Nacionales de la CDMX es opaco y los dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos no son públicos. “En las revisiones se observa que para otorgar la factibilidad se toma en cuenta si hay infraestructura, pero no se revisa la disponibilidad del agua”.
Es relevante que la ley aborde el tema de la privatización del agua. “Se tiene que señalar que mecanismos de inversión privada no son deseables e incluir mecanismos que revisen y monitoreen las concesiones de agua subterráneas”.
Durante el foro se abordaron los temas de planeación, gestión y sustentabilidad hídrica en la Cuenca de México; participación ciudadana a través de los Consejos de Cuenca y Contraloría ciudadana; derecho humano al agua y usos prioritarios; seguridad hídrica y no privatización; educación y cultura del agua; innovación tecnológica e infraestructura del agua, y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.
