La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) procedió –en función y consistencia– con la idea de equidad para que los más de 50 mil alumnos de licenciatura continuaran con sus estudios a través del uso de tecnologías digitales en la presente contingencia sanitaria, señaló el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de esta casa de estudios.
El también presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM), de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo que aplicaron un Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) –generado ante la necesidad de continuar con la docencia– que es flexible para no afectar a los estudiantes en el actual trimestre.
Durante la segunda ronda del conversatorio virtual Los medios digitales con perspectiva de derechos humanos: La visión de las instituciones operadoras destacó que en apego a lo planteado desde 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en el sentido de que se abren las puertas de las garantías individuales a internet y las tecnologías digitales, es como la universidad planteó este programa que ha tenido resultados positivos.
Sin embargo, debido a que 11 por ciento de los alumnos no tenía internet se procedió a dotarlos de tabletas y tarjetas que permitieran el acceso al mismo, al tiempo de ofrecer formación docente, soporte técnico y crear un sitio de comunicación con toda la información de las cinco unidades de la UAM.
El objetivo del trabajo en la enseñanza remota emergente fue brindar las tecnologías para impartir clases en esta modalidad”, con un buen resultado, toda vez que se tienen grupos del mismo tamaño, aunque hay materias que no se pueden dar a distancia.
En representación del doctor Felipe A. Fuentes Barrera, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el doctor Raúl Ávila Ortiz coincidió en que “estamos en una época de plena transición tecnológica, pero también cultural”.
La pandemia aceleró la dinámica de la digitalización que “nos sorprende en un tiempo advertido de transición, pero es bueno que vayamos haciéndola parte de nuestra actividad normal y se vaya adaptando en las diferentes instituciones de justicia y de los poderes judiciales”.
Ávila Ortiz destacó el principio de progresividad de los derechos humanos, porque se trata de remover de manera segura los obstáculos de entrada a la probidad, pero también habría que considerar no poner en riesgo los propios procesos judiciales y las jurisdicciones de los usuarios.
La maestra Adriana Leticia Campuzano Gallegos, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. mencionó que en lo general los tribunales no han hecho muchos esfuerzos por creer que hay parte de la población mexicana que no tiene acceso a internet.
Como pueden ser aquellos ciudadanos de las zonas rurales donde menos de la mitad de los hogares tiene una computadora, de ahí el ahínco de la UAM de dotar de una tableta y una tarjeta de prepago a sus alumnos para continuar con sus estudios.
Estadísticas y comentarios de tribunales locales señalan que pese al esmero adicional para que la gente pueda promover juicios en línea o correo electrónico en esta pandemia, “no tienen confianza en los medios digitales; hay un recelo en el ambiente de equidad y prefieren tener papelito en mano”.
Todavía hay una deuda con ese sector de la población, pues pareciera que esos espacios jurisdiccionales confían en que sea el Estado, a través de sus políticas públicas, el que logre más acercamiento al internet y las nuevas tecnologías, además de que muchos de los abogados están desconectados del mundo cibernético y apenas empiezan a ofrecer servicio en línea.
La magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C, dijo que se están haciendo visibles e importantes los esfuerzos desde los espacios de justicia para proteger a grupos tradicionalmente en desventaja, ya sea por género o minoría de edad.
El Poder Judicial de la Federación tiene el gran reto de entrar a estos sitios digitales e integrar expedientes electrónicos en línea, porque no se había hecho a pesar de la instrucción.
Los tribunales están sesionando en forma virtual y se encuentran resolviendo los asuntos; si bien los interesados no pueden entrar en ese momento, “sepan que se están grabando y quedarán en archivos digitales” a los que podrán recurrir en un ánimo de transparencia”.
La maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso refirió que el internet es una garantía humana y las tecnologías “nos tienen que facilitar protección en el camino a la información”.
La comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resaltó que se busca la efectividad de los derechos y en ese sentido “ayudan mucho las experiencias disciplinarias de estas mesas, en las cuales la UAM es clave, ya que tiene muchas áreas de oportunidad para darnos luz en esa visión diferente a los que estamos del lado de juzgar”.
En el ámbito educativo las tecnologías potencian la enseñanza, hay un margen de oportunidad enorme y no se pueden llevar modelos tradicionales a aquellos en línea, porque no es el mismo impacto; hay que ver las particularidades. Hay diversos retos en relación con la red porque no se trata sólo de cómo operar, sino de hacerlo con base en contenidos profundos.
La doctora Mariana Moranchel Pocaterra, moderadora del conversatorio virtual, académica del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa y Magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, indicó que los derechos humanos y los medios digitales se han potenciado durante esta pandemia y “debemos saber hasta qué punto hemos avanzado o retrocedido”.
