Ante los retos y consecuencias que han enfrentado millones de familias en el país derivados de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación de las y los alumnos que pasaron de educación privada a pública en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
La diputada Marisela Zúñiga Cerón, precisó que la información requerida deberá contener como mínimo de manera enunciativa más no limitativa, el número de alumnos que pasaron de escuela privada a pública, el total de espacios con los que cuenta el sistema educativo en la CDMX y la cantidad de escuelas que existen, además de cuántas niñas y niños estarán inscritos por salón y en su caso como se realizará la asistencia de las y los alumnos cuando las condiciones sanitarias sean las óptimas.
Recordó que con la nueva normalidad ocasionada por el coronavirus, la sociedad ha tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajo, y con ellos diferentes consecuencias sociales como el aislamiento, lo que trajo como consecuencia una disminución de la actividad económica primaria, secundaria y terciaria, lo que contribuyó a la disminución considerable de recursos económicos de muchos padres de familia.
“Estos declives micro y macro económicos han tenido un impacto significativo en la educación de las y los niños de la CDMX donde los padres de familia han tenido a bien cambiar a sus hijos de una escuela privada a una escuela pública, incrementando con ello la matricula en las aulas de educación preescolar, primaria y secundaria”, manifestó Zúñiga Cerón.
Agregó que en días pasados a través de las redes sociales se conocieron una cantidad considerable de comentarios y peticiones de casos de estudiantes que estaban en proceso de cambios de planteles privados a públicos, sin respuesta favorable y otros más en espera de la misma.
Por ello, la necesidad de que la Autoridad Educativa Federal pueda rendir un informe que servirá de base para el impulso de políticas públicas y trabajos legislativos en favor de las y los alumnos de la CDMX, “todo ello, se desprende de mi interés como representante de los habitantes de la capital por garantizar los derechos, en especial, la educación” se destaca en el documento aprobado.
Finalmente, se plantea que los datos que reciban servirán para que desde el Poder Legislativo se impulsen mecanismos que garanticen a las y los actores de la vida educativa la plenitud de sus derechos, con el objetivo de saber cómo ha afectado la pandemia y si existe el número suficiente de espacios en las aulas para albergar a todas y todos los alumnos que por diversas situaciones han migrado de una educación privada a una pública.
