EL PASO DEL CHAPULÍN: Instituciones y leyes

Sergio Ricardo Hernández Mancilla *

Es innegable que tenemos un aparato estatal muy costoso y un gobierno muy grande pero muy ineficiente, y que hay varias instituciones de las que podríamos prescindir con un buen plan de reestructuración administrativa.

Sólo en el gobierno federal hay decenas de dependencias con funciones que se duplican, que generan burocracia innecesaria, que se entorpecen el trabajo entre unas y otras y que gastan mucho y producen muy poco.

Es también cierto que hay fondos, consejos, fideicomisos, comisiones, organismos y oficinas que no tienen mucha razón de ser (aunque no precisamente son las que le estorban al presidente).

No es tarea fácil hacer un diagnóstico claro de la relación costo – beneficio de cada una de ellas. Y es difícil no sólo por la visión tecnocrática que se basa mucho en indicadores y poco en el factor humano, sino porque simplemente hay instituciones e inversiones estatales que deben ejecutarse aun cuando resulte caro y poco redituable financieramente. Una de tantas diferencias entre la responsabilidad del Estado y la libertad del mercado.

Para empezar con los cambios administrativos de fondo hay que velar, en primera, por los derechos de los trabajadores que no tienen por qué pagar por las ocurrencias de quien creó su plaza de trabajo ni de quien la desbarató.

En segunda, no podemos ignorar que hay funciones que no deben simplemente desaparecerse, sino absorberse por otro organismo que pueda ejecutarlas de manera eficiente, y para ello hay que entender cosas tan simples como que el SIPINNA no es lo mismo que el DIF, que el CONAPRED no es lo mismo que una subsecretaría de Gobernación y que las estancias infantiles no sirven únicamente para negocios familiares ni se compensan con dinero en efectivo.

Que exista corrupción al interior o dispendio de recursos no significa que su función sea prescindible.

Hay que hacer ajustes y revisiones a fondo del aparato estatal, pero no desde el desconocimiento o basados en criterios superficiales o políticos.

El problema de López Obrador con las instituciones y las normas es que en su lucha contra lo que llama “el pasado neoliberal”, está terminando con los símbolos del pasado, pero no con el problema de raíz.

El inconveniente es que no cree en la importancia de las instituciones y la relevancia de los marcos normativos y regulatorios, y sí cree que su palabra es tan fuerte como para sanar un país resquebrajado.

Por eso en lugar de enfocarse en definir reglas de operación claras que delimiten públicos objetivo, criterios de elegibilidad, equidad, procesos transparentes y uso eficiente del presupuesto, se empeña en soltar dinero a rienda suelta y pedir amablemente que se use de forma correcta.

Ese tipo de permisiones legales y contratos verbales son las que hacen que los funcionarios compren camionetas de lujo con recursos destinados al combate a la pobreza o remodelen oficinas con el dinero que debía gastarse en infraestructura social; que los padrones se inflen; que las plazas de trabajo se vendan; que los programas sociales se condicionen; que el presupuesto se aplique para cumplir caprichos y no solventar necesidades.

A poco más de año y medio de gestión, la población sigue viendo a López Obrador como una persona honesta, pero sus funcionarios no han demostrado lo mismo.

De no hacer algo ya, no sé cuánto tiempo pueda sostener esa imagen casi impoluta.

No hay fundamento alguno para esa falsa idea de que, si un presidente no roba, los demás políticos tampoco lo van a hacer. Si algo ha quedado claro es que predicar con el ejemplo es importante pero no suficiente en un país con fracturas estructurales tan profundas como el nuestro.

Es un error constante de los líderes carismáticos desdeñar las instituciones y las leyes y pregonar con normas y comportamientos morales para dirigir a un país, pero si algo tienen en común los países más desarrollados y estables del mundo es todo lo contrario: la fortaleza de sus instituciones y leyes.

Más allá de los proyectos políticos, económicos e ideológicos de sus líderes, tienen instituciones sólidas y reglas bien definidas para todos.

Eso que tanta falta le hace a México y por lo que se está haciendo muy poco o nada.

El paso del chapulín.

Con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, AMLO repitió en su mensaje las mismas consignas de siempre: que desde su llegada y de tajo ya no hay corrupción, hay gobernabilidad, hay paz y tranquilidad, ya no hay derroche y ahora vivimos en un auténtico Estado de derecho.

La realidad nos dice otra cosa.

Le quedan más de 4 años. Todavía tiene la oportunidad de hacer el intento, pero lo está dejando pasar.

(*) Politólogo y consultor político. Socio de El Instituto, Comunicación Estratégica. Desde hace 10 años ha asesorado a gobiernos, partidos y candidatos en américa latina.

Twitter: @SergioRicardoHM