NUEVA YORK/GINEBRA.—La iniciativa del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19, que se pone en marcha hoy, aúna y da acceso a documentos jurídicos de más de 190 países para ayudar a los Estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. El objetivo es garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, y respeten las normas internacionales de derechos humanos.
Este nuevo Laboratorio (www.COVIDLawLab.org) es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y el Instituto O’Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown.
Unas leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces; y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia; la prevención y el control de las infecciones; la gestión de los viajes y el comercio; y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales.
«Las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios sanitarios, se protejan de la COVID-19 y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia», afirma Achim Steiner, Administrador del PNUD. «El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas».
Durante la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento desmesurado de las medidas legislativas urgentes para controlarla y reducirla.
«Para hacer frente a la COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud».
Sin embargo, las deficiencias en el diseño, la aplicación o el cumplimiento de las leyes pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, enquistar la estigmatización y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la pandemia.
«Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los Gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por la COVID-19».
El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han adoptado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas.
También incluirá estudios sobre diferentes marcos jurídicos relativos a la COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones sobre los derechos humanos de las leyes de salud pública y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas a la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada. Todo ello se basa en la labor de la UHC Legal Solutions Network, una red de intercambio de soluciones jurídicas que se estableció para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal mediante la aplicación de marcos jurídicos basados en los derechos.
«Es preciso hacer un seguimiento de la forma en que se utilizan las leyes y las políticas durante la pandemia, evaluarlas y comprender qué soluciones dan resultado », dijo el Dr. Matthew M. Kavanagh, profesor del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown. Por su parte, Katie Gottschalk, directora ejecutiva del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial en la Facultad de Derecho de esa misma universidad, añadió: «Debemos extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 sirve precisamente para ese fin».
