Al rendir el Informe de Labores 2020-2021 de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado presidente de dicha Sala Regional, Jorge Sánchez Morales, enfatizó que, de las mil 840 impugnaciones recibidas en dicho periodo, el 95.49 por ciento se votaron por unanimidad, lo que demuestra que se mantuvo un criterio unificado entre los integrantes de ese pleno.
Acompañado de la magistrada Gabriela del Valle Pérez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, también de la Sala Guadalajara, aseguró que esa Sala Regional juzga con perspectiva intercultural y de género, al tiempo que destacó que las impugnaciones recibidas por la autoridad jurisdiccional electoral se resolvieron en 11.7 días en promedio por asunto, lo que significa una oportuna administración de justicia.
Agregó que, de las sentencias emitidas, solo 10, es decir el 0.8 por ciento, fueron revocadas o modificadas por la Sala Superior del TEPJF, lo que contribuyó a generar certeza y seguridad jurídica en la ciudadanía, además de confianza en que la Sala Guadalajara actúa con apego a la norma.
En el evento, en el que además participaron, por parte de la Sala Superior del TEPJF, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada, Janine Otálora Malassis, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como el magistrado presidente de la Sala Especializada, Rubén Lara Patrón; también la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Sánchez Morales expuso que en materia de tribunal abierto, la instancia jurisdiccional electoral regional estableció un canal de comunicación permanente y cercano con la ciudadanía a través de diversas plataformas.
Con base en lo anterior, añadió, la magistrada y los magistrados de la Sala Regional atendieron a través de diversas plataformas digitales 135 audiencias de alegatos, lo cual generó cercanía con las y los justiciables de manera inmediata, sin que tuvieran que trasladarse de los estados que abarcan la circunscripción a las instalaciones y exponerse por la pandemia de COVID-19.
Durante su intervención, el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, detalló que la certeza jurídica dota a la ciudadanía y a los actores políticos de directrices claras para su actuar y permite una convivencia pacífica. Por ello, dijo, las juezas y los jueces electorales tienen que cumplir con la máxima transparencia y la certeza que emana de sus decisiones.
Ese principio que rige la labor de las autoridades electorales no debe implicar rigidez, sino que los criterios jurídicos tienen que responder al dinamismo de una sociedad en cambio permanente y facilitar las interacciones políticas y sociales pacíficas para responder a las expectativas y exigencias sociales que están en constante evolución. Agregó que al generar condiciones de certeza jurídica, el Tribunal Electoral se erige como un agente con valor social fundamental para la democracia.
Destacó que las sentencias de la Sala Regional Guadalajara durante el último año son ejemplo de esta certeza jurídica basada en la coherencia que tuvo en la impartición de justicia. Como ejemplo, comentó que la Sala Guadalajara emitió importantes criterios con utilidad social, como la protección de la participación política de las candidaturas independientes que contendían por reelección, la implementación de medidas afirmativas en favor de la paridad de género y el respeto de los sistemas normativos indígenas en la elección de sus autoridades.
Por su parte, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aseveró que la legitimidad de los tribunales no está en su popularidad, en la aprobación mediática que reciben o en el beneplácito de algún actor político, sino en el rigor lógico y la pulcritud técnico-jurídica de sus decisiones.
En este sentido, el magistrado Fuentes Barrera señaló que el Informe refleja que la Sala Regional está conectada con la realidad y comprometida con la defensa de los derechos político-electorales, ejemplo de ello es que uno de cada dos medios de impugnación resueltos por ese órgano jurisdiccional electoral tenga su origen en reclamos de la ciudadanía.
