El gobierno en turno obligado a investigar y dar claridad a las denuncias de conflicto de interés de sus funcionarios públicos: GPPRI

El Grupo Parlamentario del PRI votó favor de un tercer periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez, como Secretario de Hacienda y Crédito Público, pero con el compromiso de que el gobierno de la “cuarta transformación” dé claridad, transparencia e inicie una investigación respecto a los tres asuntos graves que denunció el doctor Carlos Urzúa en su carta de renuncia: La toma de decisiones de política pública sin sustento, la imposición de funcionarios públicos sin perfil para el cargo y el conflicto de interés de dichos funcionarios.
Dulce María Sauri Riancho, al fijar la posición de los legisladores del PRI, advirtió que no puede darse un proceso de ratificación, antes de aclarar cuántas decisiones en materia de política pública se han tomado en esta administración sin sustento suficiente, como “tampoco podemos ser omisos ante las denuncias que hizo un ex funcionario de alto nivel, porque -por ejemplo-, el conflicto de interés es una grave falta administrativa”.
A propuesta de la legisladora priista, se pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite a la Secretaría de la Función Pública una investigación fundamentada en el tercer párrafo de la carta del doctor Carlos Urzúa, acerca de la imposición de funcionarios, muchos de ellos, sin conocimientos suficientes de la Hacienda Pública e incluso con conflicto de interés.
Asimismo, cuestionó ¿quién le puede imponer al Secretario de Hacienda a un funcionario o funcionaria, si no es su jefe, el Presidente de la República? y agregó que muchos de ellos tienen como único mérito la lealtad.
Adelantó que el maestro Arturo Herrera Gutiérrez, tendrá que responder a muchas preguntas en su comparecencia: cómo va a enfrentar los problemas de nombramientos de funcionarios públicos o cómo va a enfrentar el problema de la concentración de las compras en la Oficialía Mayor, que ha sido una de las causas más importantes de la falta de fluidez de los recursos públicos para sustentar los programas sociales.