El Estado mexicano reconocerá la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) para conocer de casos individuales en congruencia con su política de apertura al apoyo y escrutinio internacional. La misiva del Ejecutivo Federal fue enviada el día de hoy al Senado de la República por la Secretaría de Gobernación, esperando su pronta ratificación.
Ante la magnitud de la crisis de desaparición en México, que a la fecha suman cerca de 75 mil personas desaparecidas o no localizadas, el Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda, ha definido como una de sus prioridades la búsqueda e identificación de personas.
No se ocultará nada ni protegerá a nadie. Por ello, desde 2019, se ha impulsado el reconocimiento del Comité, que implicó, entre otras cosas, una evaluación interna, en que se consideraron sus implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas.
Cabe aclarar que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010. Esta Convención crea el Comité, que es un grupo de expertos independientes que revisa la correcta aplicación de la Convención por los Estados Parte. Sin embargo, a la fecha, el Estado mexicano no había aceptado la competencia del CED, que permitiría revisar peticiones individuales.
Aceptar la competencia permitirá a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. El Estado mexicano, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, estarán pendientes de las recomendaciones y dictámenes que el Comité realice para acercar la verdad y la justicia a las familias.
El reconocimiento de la competencia del CED ha sido una de las demandas centrales de los familiares de personas desaparecidas en México; una demanda que el Gobierno de México se comprometió a cumplir y que hoy se hace realidad. Es también una medida congruente con la política de este gobierno de apertura al escrutinio internacional y al apoyo en el combate a la desaparición forzada, para garantizar la verdad y la justicia a las familias.
