El desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y resistencia de las poblaciones civiles frente a regímenes de violencia interna o de aquella que se libra en las fronteras entre países, pero es también una acción y una reacción a situaciones extremas, evidenciando la imposibilidad de garantizar la vida por parte de las instancias jurídicas o gubernamental; de los actores y poderes involucrados, o de los mismos pobladores, señaló la doctora Margarita Zárate Vidal.

En la presentación de la sesión Desplazamiento forzado, de los Conversatorios virtuales: la universidad ante las violencias –organizados por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– la profesora del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa dijo que tal fenómeno es además una decisión política, porque en el escenario territorial de un conflicto y ante figuras hegemónicas amenazantes o en disputa representa huida, escape o evasión ante fuerzas en querella.

En consecuencia constituye un último recurso de protección, que después de decidirlo, se implementa de inmediato y se realiza en forma individual, familiar, colectiva o masiva, ya sea temporal o definitivamente, aunque “en cualquier caso, bien vale analizarlo como estrategia forzada de sobrevivencia”.

Apenas en abril de 2019, la existencia del desplazamiento forzado fue reconocida por el Estado mexicano y en septiembre de este año se aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender y reparar integralmente esa problemática, anunciándose la creación del registro de personas en esa situación en México, donde al menos 338 mil 400 hombres y mujeres han sido desplazados entre 2006 y 2019, llegando a 346 mil, aunque la cifra sería mayor debido al subregistro.

Episodios del tipo son reportados en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entre otros estados, lo que afecta en gran medida a niñas y niños, adultos mayores y población indígena, en especial en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Alrededor de 45 por ciento de víctimas pertenece a comunidades autóctonas y sólo en 2019 más de ocho mil mexicanos lo han padecido.

Para dar cuenta de su experiencia participó en el Conversatorio Reyna Martínez Flores, oriunda de San Juan Copala, Oaxaca, donde en 2009 se impuso un cerco paramilitar por diez meses y en septiembre de 2010, cientos de personas debieron irse a la ciudad de Oaxaca para establecer un plantón. La razón del desplazamiento fue que se declararon como municipio autónomo y el gobierno reaccionó utilizando a la misma gente para formar grupos paramilitares, lo que desató persecuciones y asesinatos.

Agustín Muñoz Gómez y Salvador Hernández Collazo nacieron en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, mientras que Luz Magdalena de la Torre, en el de Venustiano Carranza. Los tres fueron retirados del predio El Potrero, de Nicolás Ruiz Chiapas, el 10 de abril de 2018 debido a disputas por tierras.

Laura Orozco –dedicada junto con su familia a la producción de aguacate en Michoacán– sufrió en 2007 la detención de su hermano, presuntamente por parte del Ejército y en medio de la denuncia por ese suceso, su padre fue también desaparecido; en 2009 un hijo y en 2012 otro hijo más, sin que hasta ahora se conozca su paradero. El resto de la familia tuvo que dejar el hogar, en Uruapan, debido a las amenazas y los ataques por buscar justicia.

La doctora Natalia de Marinis, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), refirió que el desplazamiento forzado “nos permiten evitar el peligro de la estandarización”, porque casi siempre los marcos legales o en los debates sobre el tema se habla de un desalojado homogéneo, y en realidad el fenómeno se vive de manera muy distinta según etnicidad y género, entre otras características.

La movilidad que se realiza no es sólo física, porque se mueven y se ordenan sentidos de la vida, incluidos la experiencia traumática con la que cargan los desplazados que generan transformaciones, y en las legislaciones sobre el tema no se marcan las diferencias sobre la importancia que tiene para un grupo el territorio, respecto de una persona urbana que se tiene que ir, pero su casa no es ocupada.

La ausencia de la idea del territorio está marcando una mirada del desplazamiento bastante homogénea, pues no se habla de la importancia del espacio para las poblaciones indígenas, concluyó De Marinis.

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