Tres especialistas en garantías fundamentales consideran que la resolución del Tribunal Supremo de Israel que deja a 1200 palestinos en riesgo inminente de desalojo forzoso representa una grave violación del derecho internacional. El dictamen autoriza a las fuerzas israelíes a desalojar la zona y utilizarla para entrenamiento militar.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* llamaron este lunes a Israel y a la comunidad internacional a detener los desalojos forzosos, los desplazamientos arbitrarios y el traslado por la fuerza de las comunidades palestinas de Masafer Yatta, en los territorios ocupados de Cisjordania.
«Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Israel a principios de este mes, unos 1200 residentes palestinos de Masafer Yatta, entre ellos 500 niños, corren el riesgo inminente de sufrir desalojos forzosos, desplazamientos arbitrarios y traslados forzosos, lo que supone una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos«, destacaron los expertos en un comunicado.
Los especialistas en derechos humanos siguen atentamente y con preocupación las noticias sobre la demolición por parte de fuerzas israelíes de edificios en las comunidades de Khribet al Fakhiet y al-Markez en Masafer Yatta. «Estas demoliciones les colocan en riesgo inmediato de traslado forzoso», añadieron.
El Tribunal Supremo de Justicia de Israel rechazó el pasado 4 de mayo los recursos sobre las órdenes de desalojo dictadas contra los habitantes palestinos de Masafer Yatta, una zona designada como lugar de entrenamiento militar de acceso restringido, denominada «Zona de Tiro 918», al sur de la ciudad de Hebrón.
Una batalla judicial que dura más de veinte años
La decisión finaliza un proceso judicial que ha durado más de dos décadas y que autoriza a las fuerzas israelíes desalojar la zona y utilizarla para el entrenamiento militar.
Los expertos indicaron que «al mantener esta política de expulsión de los palestinos de Masafer Yatta, el sistema judicial da carta blanca al gobierno israelí para perpetuar la práctica de opresión sistemática de los palestinos«.
Calificaron la situación de «desconcertante”, ya que el fallo permite los entrenamientos militares israelíes en la zona, lo que les condujo a preguntarse: “¿cómo puede priorizarse esto por encima de los derechos de los residentes palestinos?
Añadieron que Israel no ha demostrado ninguna «necesidad militar imperiosa» que obligue a desalojar la zona y concluyeron que “el desplazamiento de las comunidades de Masafer Yatta puede, por tanto, constituir un crimen de guerra».
Los expertos expresaron su especial preocupación por la interpretación restrictiva del Tribunal sobre la definición de «traslado forzoso» prohibida por el derecho internacional humanitario, así como que desestimara de manera indebida la relevancia de las provisiones fundamentales del derecho internacional en el ámbito nacional.
«Desestimar como no relevantes o no vinculantes normas y principios fundacionales del derecho internacional supone un preocupante indicador de que el sistema judicial israelí apoya leyes y prácticas que progresivamente han consolidado el sometimiento de los palestinos en los territorios palestinos ocupados», opinaron los expertos.
Del mismo modo, indicaron que «un tribunal que no imparte justicia en base a las normas internacionales y que perpetúa las violaciones de los derechos humanos fundamentales de personas que llevan 55 años bajo ocupación militar, se convierte él mismo en parte del sistema estructural de opresión«.
Los expertos pidieron además a la comunidad internacional que tome medidas para impedir el traslado forzoso de los residentes de Masafer Yatta.
«La comunidad internacional no debe convertirse en cómplice de esta grave violación del derecho internacional humanitario y de las leyes humanitarias permaneciendo en silencio: debe ejercer las medidas diplomáticas, políticas y económicas disponibles prescritas por la Carta de la ONU para poner fin a las violaciones israelíes», dijeron los expertos.
Los especialistas en derechos humanos siguen en contacto con el Gobierno de Israel sobre este asunto.
Visita de cinco agencias de la ONU a Massafer Yatta.
Después de la sentencia del Tribunal Supremo, el coordinador humanitario interino en el Territorio Palestino Ocupado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios visitó este lunes a los residentes de Massafer Yatta.
«Tras la reciente sentencia judicial sobre Massafer Yatta, pido al Gobierno israelí que permita a los residentes permanecer aquí con dignidad«, declaró Abdel Jaber. «Lo que desean los residentes es vivir aquí con seguridad, como nos han dicho hoy algunos de ellos. Nosotros, la comunidad internacional aquí representada, nos comprometemos a apoyarlos».
Además de Jaber se unieron a la visita funcionarios de cinco agencias de la ONU y once oenegés, así como diplomáticos en representación de 24 países, entre ellos Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, México, Noruega, Países Bajos, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea.
«Como potencia ocupante, la responsabilidad de las autoridades israelíes es proteger a los civiles palestinos», subrayó. «Forzar la salida de trece comunidades para dejar espacio a los entrenamientos militares es contrario a ese mandato, y sencillamente inhumano e ilegal«.
*Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este respecto.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
