Así como la UAM es una Casa abierta al tiempo, el Derecho es un mundo abierto al tiempo, porque cambian las ideologías, las prácticas y las percepciones respecto del ejercicio de esta disciplina, que implica un flujo de cosas que exige a quien la practica mantenerse actualizado, porque los cambios marchan a gran velocidad y esa transformación debe generar interpretaciones con la misma celeridad, pues “de otra manera no entenderíamos lo que está pasando” en el entorno, expuso el doctor José Ramón Cossío Díaz.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) requiere una reflexión de carácter técnico, ya que después de la última reforma relevante en el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1994, se han hecho algunos ajustes a la Ley de Amparo, pero “no una reforma orgánica importante” que posibilite un análisis general para pensar el papel del PJF –y no sólo de la SCJN– respecto de los órganos de las entidades federativas, aun cuando es central debido a que “ha estado creciendo a tasas increíblemente altas, porque absorbe casi todo el litigio nacional” y por ello está siendo ineficiente.

Es menester pensar muy bien por qué la actividad jurisdiccional atraviesa por un momento de transición que “no está siendo bien percibido”, debido a que la reforma penal iniciada en 2008 no está concluida y esto ha significado que muchas críticas en materia de democracia, liberalismo y derechos humanos provengan “de la insatisfacción de las personas en concreto” por omisiones de las instancias locales en materia penal, lo cual se debe a que no se hicieron todas las adecuaciones planteadas en aquella reforma.

También es urgente llevar a cabo las transformaciones en materia laboral establecidas ya en la Constitución y cuyos plazos están corriendo, así como los ajustes en los planos civil y familiar, “pues consideremos que en tres o cuatro años México habrá debido migrar a unos juicios de oralidad para los cuales no estamos preparados”.

Otro tema de preocupación es que en la idea de establecer justicia, la cual es una reivindicación válida y fue una oferta de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “muy correcta, me parece que estamos encontrando falsas soluciones”. Las comisiones de la verdad son necesarias, pero sólo en aquellas situaciones en las que la jurisdicción ordinaria no haya podido resolver los casos, como ocurre con los jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

La pretensión de solventar todos los capítulos de violencia por medio de comisiones de la verdad “sería un gran error”, debido a que debiera fortalecerse el aparato de justicia “y no ofrecer salidas paralelas a otras instituciones porque eso sería demasiado frustrante”, si se considera que en una situación como la registrada en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron halladas fosas clandestinas con restos humanos, una comisión de la verdad “¿qué haría con eso?”, pues la sustitución del ministerio público no está permitida y si no acusa y sólo emite una recomendación, ésta sería poco sólida, señaló en entrevista el jurista.

Entre la PGR y las procuradurías estatales deben operar grupos de investigación sobre los juicios con “una función técnicamente sustentada” para ya no destinar recursos, tiempo ni talento en las organizaciones ordinarias ni generar ideas de reparación que no van a ir al centro del problema, explicó el ministro de la SCJN hasta el pasado 30 de noviembre.

La reforma en derechos humanos de junio de 2011 resultó “excepcionalmente importante y no hay en el mundo un artículo constitucional tan potente como el primero de nuestra Carta Magna, porque contiene un principio por persona, reglas de interpretación y aplicación, y toma todas las garantías humanas de fuente constitucional, más todas las de fuente internacional”, por lo que arrojó un levantamiento significativo en la forma de protegerlas, “pero desafortunadamente –como parte de la crisis de seguridad que padecemos– estamos yendo a una contracción de las mismas o al menos de algunas”.

En este contexto, el Estado debiera contar con mayores elementos para enfrentar la delincuencia organizada, ya que hay una contracción de los derechos humanos, que es posible observar en distintos ámbitos, incluida la utilización de miembros de las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública y su normalización, en tanto que, pese a la efervescencia que hubo en 2011, los derechos a la salud y al medio ambiente, entre otros, también se están reduciendo, aunque por razones presupuestales.

“Estamos pasando a la realización práctica de los derechos y resulta preocupante que sigamos repitiendo el cuento de: vivan las garantías humanas; necesitamos observar en dónde sí y en dónde no tienen actuación”, subrayó.

En la SCJN votó en los términos que dispone la Constitución para que la Guardia Nacional que propone el gobierno no pueda realizar –en tiempos de paz– más funciones que aquellas en conexión exacta con la disciplina militar, en virtud de que no es posible el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía, destacó.

“Si se tratara de un cuerpo policial desmilitarizado, es decir, con un puesto en condiciones diferenciadas, esto podría sostenerse, pero si la Guardia Nacional va a quedar al mando o ejecución militar será muy difícil salvar la condición de constitucionalidad”.

El Doctor Honoris Causa por la UAM agradeció la distinción conferida por la institución, cuya fundación ocurrió en un momento relevante de descentralización educativa y su lema –Casa abierta al tiempo– “me ha parecido siempre una idea brillante del doctor Miguel León Portilla”, al igual que “estimo que uno de los momentos decisivos de renovación del pensamiento jurídico en el país surgió en la Unidad Azcapotzalco desde sus primeros años”, por lo que “con gran ilusión participé en el proceso de reapertura de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Cuajimalpa.

“Si vamos al concepto originario del grado Honoris Causa, esto quiere decir que el claustro de profesores acepta a un nuevo integrante”, lo que implica la obligación de estar atento a las necesidades de mi universidad y asistir a las actividades a las que sea requerido, tratando de responder con ideas”, concluyó el miembro del Consejo Consultivo de esta casa de estudios.

El maestro y doctor en Derecho por las universidades Nacional Autónoma de México y Complutense de Madrid, España, respectivamente, ha dividido su labor profesional entre la docencia, la investigación y el servicio público, con la rama constitucional como vertiente principal de su indagación, aunque también ha aportado a otros rubros.