La Oficina de Derechos Humanos advirtió que la normativa contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y urgió a los legisladores peruanos a revertirla. La ley deroga el principio de proporcionalidad y exime de responsabilidad penal los oficiales que hagan uso de la fuerza. “Es un retroceso preocupante”, afirma la ONU.

La ley promulgada en Perú hace unos días respecto a la protección de la policía nacional contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza que deben regir toda actuación de las fuerzas de seguridad y del orden, alertó este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.

El titular de esa entidad, Jan Jarab, sostuvo que la promulgación de la legislación constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.

“Hacemos un llamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó Jarab en un comunicado.

La Oficina explicó que con la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que los funcionarios policiales actúan de manera excesiva o arbitraria, además de que se exime de responsabilidad penal a los efectivos de la policía que hagan uso de la fuerza.

Despliegue de personal policial y militar

La ley también prohíbe dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos. A este respecto, Jarab subrayó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.

La implementación de la ley es especialmente preocupante porque ocurre en el contexto de las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno de Perú para contener la propagación del coronavirus COVID-19, que incluyen el despliegue de personal policial y militar.

“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente al COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, enfatizó Jarab.

La Oficina ha planteado a las autoridades peruanas sus preocupaciones en diversas oportunidades durante el proceso de redacción de la normativa.

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró la disposición de la Oficina Regional para apoyar la armonización de las leyes con la legislación internacional de las garantía fundamentales, y para compartir las mejores prácticas de los Estados con respecto al uso de la fuerza.

Jarab concluyó instando a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos para dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales e invertir en su profesionalización y en la mejora en sus condiciones laborales, así como en lo referente a la rendición de cuentas.

La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.