Principal Política El Archivo General de la Nación albergará la memoria histórica del país

El Archivo General de la Nación albergará la memoria histórica del país

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La Cámara de Diputados aprobó con 453 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y de la General de Archivos, en materia de derecho a la memoria histórica.

El objetivo es derogar la facultad de la Oficina de la Presidencia de la República para difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, y transferir esa atribución al Archivo General de la Nación (AGN).

En el régimen transitorio se establece que la Oficina de la Presidencia de la República y el AGN deberán llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México en un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, conforme con las disposiciones jurídicas aplicables y mediante movimientos compensados, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del Archivo para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.

Los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Dirección de Administración del Archivo General de la Nación serán coordinadores del proceso de transferencia de los recursos, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para darle cumplimiento, así como de proporcionar la información necesaria, a fin de integrar la Cuenta Púbica.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, señaló que la memoria histórica es fundamental para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, y para construir, avanzar y rectificar.

Una memoria histórica fiable, afirmó, es fundamental para acercarnos a la eterna búsqueda de la verdad en hechos oscuros, pero también en momentos definitorios. “En una democracia los archivos pertenecen a sus ciudadanos”.

Mencionó que los documentos que el Archivo General de la Nación custodia y a los que brinda acceso permiten reclamar nuestros derechos y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. “Nos ayudan a documentar nuestra historia como nación”.

Barrera Badillo puntualizó que el dictamen ayuda a promover la difusión de los archivos y proyectar el derecho a la memoria histórica de la nación, con el fin de salvaguardarla a corto, mediano y largo plazos.

“Desde las instituciones se debe salvaguardar nuestro archivo histórico. Por ello, el proyecto de Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México, que este dictamen encauza y fortalece, tiene como fin la preservación, cuidado y digitalización del patrimonio histórico, artístico y documental de nuestro país, todo conforme con lo establecido en la Ley General de Archivos”, añadió.

Consideró necesario incluir un artículo transitorio en el que se establezca la obligación, a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República y del Archivo General de la Nación, de realizar de forma adecuada y ordenada la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros a la Coordinación Memoria Histórica y Cultural de México, con un plazo.

En los posicionamientos, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) expresó que en la Cuarta Transformación “estamos comprometidos con el rescate y divulgación histórica. Sabemos lo importante que es para el pueblo mexicano conocer su devenir en el tiempo. Es indispensable que esta atribución recaiga en un organismo dotado de los instrumentos necesarios para la difusión y proyección del derecho a la memoria histórica”.

Por el PAN, el diputado Fernando Torres Graciano señaló que salvaguardar y preservar los archivos públicos y privados de México debe estar en las manos de la institución que fue creada para ello. “El Archivo General de la Nación conserva hoy en día documentos importantes, códices, constituciones, cartografía, mapas, correspondencias, pero también videos, microfilms y transcripciones; en fin, creo que es una institución que debe tener esta memoria histórica”.

El diputado del PRI, Ricardo Aguilar Castillo argumentó que con este dictamen se elimina la atribución de la Oficina de la Presidencia para difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación y pasarla al Archivo General de la Nación, pues “no es el lugar administrativo para albergar a la institución que pretende abrogarse el derecho de determinar por qué debemos recordar y cómo lo debemos de hacer”.

Ana Ruth García Grande, diputada del PT, mencionó que en los nuevos tiempos que vive la República es una exigencia actuar con honestidad y transparencia. “La ciudadanía tiene derecho a la información amplia, sin cortapisas, que le dé sus propios elementos de juicio, que le hagan conocer su génesis, su evolución y, desde luego, le den la proyección de su futuro”.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) expresó que el AGN debe, por ley, ordenar, describir, conservar los documentos que conforman su acervo. Tiene como misión preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental para salvaguardar la memoria colectiva y fortalecer la identidad nacional. “Por eso, desde un principio esta facultad que hoy se le regresa debió haber estado acá y nunca debimos haberlo mandado a la Oficina de la Presidencia”.

El diputado Eudoxio Morales Flores (Encuentro Social) precisó que la preservación de la memoria histórica presupone atesorar aquellos archivos que dan cuenta de cada una de las etapas en que se ha ido transformando la vida del país. “Estos archivos se deben preservar y estar a la disposición de cada uno de los ciudadanos, pues en México hay un sinnúmero de ellos que han quedado en el olvido, e incluso han llegado a ser destruidos”.

Del PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar indicó que es fundamental fortalecer el régimen legal y de aplicación del Estado de derecho, y hacer las adecuaciones legales necesarias para tener un sistema jurídico armónico en el país, que privilegie la correcta aplicación de las leyes y de un régimen burocrático sano para la mejor implantación de políticas públicas. “Más aún en un tema tan importante como la preservación de la memoria histórica”.

Raymundo García Gutiérrez, diputado del PRD, expuso que esta preservación es de vital importancia en toda sociedad y está a cargo del Estado. “Hacemos nuestro ese reclamo y exigimos que la labor de investigación histórica sea respetada y fomentada como el quehacer científico que constituye”.

Al hablar a favor, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) expuso que la memoria es un concepto novedoso en el campo de los derechos humanos. “Hoy se resuelve un error y se otorga una correcta ubicación administrativa a la unidad responsable. Apoyémosla para que se fortalezca y coadyuve al ejercicio pleno del derecho a la memoria y a la verdad del pueblo mexicano”.

La diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (PAN) indicó: “debemos generar todos aquellos mecanismos que nos permitan garantizar a la sociedad su derecho de acceso a la información. Nuestra memoria es grande, su riqueza es enorme y, por lo tanto, se merece el respeto a cada uno de los documentos en la que se encuentra plasmada”.

De Morena, el diputado Alfonso Pérez Arroyo dijo estar obligado a trabajar, a fin de que la preservación del patrimonio arqueológico y de los acervos documentales de la nación estén en mejores y buenas manos, para lo cual es necesario contar con un organismo específico, dotado de los instrumentos para emprender tan importante tarea.

Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.