El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que fueron atendidas prácticamente todas las preocupaciones planteadas por el sector empresarial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, respecto de la miscelánea fiscal.
En conferencia de prensa, destacó que desde la presentación del paquete económico para 2020, incluyendo las diversas reformas a leyes fiscales, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran, expusieron al Gobierno Federal y los Diputados, las problemáticas que se generaban para los distintos sectores empresariales, y realizaron propuestas concretas para mitigar los riesgos o efectos negativos que podría generar la implementación de la reforma.
Estas reuniones han sido muy productivas y fruto de ellas se pudieron hacer modificaciones que resolvieran las inquietudes del sector en los siguientes temas:
- Limitación para la deducción de intereses.
- Esquemas de inversión
- Responsabilidad solidaria de socios y administradores
- Cancelación de sellos digitales
- Cláusula general anti abuso
- Esquemas reportables
- Actividades no objeto para efectos del IVA
- Subcontratación laboral
El CCE estará dando puntual seguimiento a la discusión de estas reformas en el Senado de la República, particularmente en los siguientes temas:
- Responsabilidad solidaria de directores generales, administrador único, síndicos y liquidadores
- Limitante a la aplicación del estímulo por adquisición de diésel para ser utilizado en maquinaria en general, excepto vehículos
- Limitante aplicación estímulo a transportistas de pago de peaje en carreteras Federales
- Transitorio sobre posible regularización de automóviles internados ilegalmente al país
- Incrementos en derechos por descarga de aguas residuales y por uso de agua en distritos agrícolas
Confiamos en que el diálogo seguirá siendo productivo, ya que la mejor manera de impulsar el desarrollo de México es trabajando en conjunto sector público y privado.
Sobre la nueva legislación de delitos fiscales que castiga a quienes emitan facturas falsas, Salazar explicó que ha habido confusión al respecto. “No es verdad que a una persona que se le encuentre una factura falsa, se le meta a la cárcel directamente. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, no tienen pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad”, explicó.
Afirmó que el sector empresarial coincide con el objetivo final de la ley, que es sancionar a quienes se dedican a defraudar al fisco; sin embargo ha buscado precisiones durante la discusión de esta ley.
Desde que inició el proceso de análisis de la iniciativa presentada por el Senador Alejandro Armenta el año pasado, hasta su aprobación en el Congreso, se pudieron ajustar algunos puntos que originalmente no se tenían previstos en la iniciativa: 1) que en el delito de compra de facturas se estableciera el monto de los $7’804,230, 2) que en el caso de la defraudación fiscal el monto subiera de $2,600,000 a la cantidad antes comentada, y 3) que las sanciones se modificaran para quedar entre 2 y 9 años de prisión.
Asimismo, el CCE consideró que resulta una señal positiva que en los Considerandos de la iniciativa aprobada se haya incluido un párrafo donde se señala que la reforma no será aplicada contra el ciudadano común cuando tenga un error en la forma de declarar sus contribuciones, ni contra aquellos empresarios que no forman parte de grupos delincuenciales dedicados de manera permanente a lucrar a costa del Fisco Federal. Lamentablemente, a pesar de la insistencia del CCE, estas precisiones no se incluyeron en el articulado de la ley.
Autos chocolate y derechos de agua
Durante la conferencia de prensa, los Presidentes de AMIA, Eduardo Solís Sánchez, y de AMDA, Guillermo Prieto Treviño, expresaron su enorme preocupación porque los Diputados, en un artículo transitorio de la ley de ingresos, abrieron la puerta para legalizar los autos internados ilegalmente al país, llamados “autos chocolate”. Urgieron al Senado a que, como Cámara Revisora, rechace este artículo, que promueve avalar el contrabando, y que podría provocar una baja del 30% en el mercado automotor interno. Ambos comentaron que se encuentran en diálogo con los Senadores para alcanzar este objetivo.
Respecto de los derechos de agua también aprobados en la Cámara de Diputados, Luis Fernando Haro, Director General del Consejo Nacional Agropecuario, afirmó que con este nuevo gravamen, se incrementa el costo de producción para todos los productores. Se estima un aumento de 3 a 4 mil pesos por hectárea, lo que haría inviable la rentabilidad para muchos productores, y resultaría un nuevo golpe para el sector agropecuario.
