Será necesario que las comisiones de Gobernación, Justicia y demás involucradas con el tema de la seguridad nacional, revisen la conveniencia de convocar a una reunión urgente, y citar a Alfonso Durazo para evaluar la pertinencia de que continúe al frente del cargo y, en su caso, sugerir al Ejecutivo un cambio de funcionario para dar respuesta firme y clara en materia del combate al crimen organizado, que alivie la tensión, los temores y la preocupación de los ciudadanos del país, afirmó el diputado federal Antonio Ortega Martínez.
Ante los sucesos en Culiacán, Sinaloa, donde la captura y posterior liberación del hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; Ovidio Guzmán López (acusado en una corte federal por conspirar para “distribuir metanfetamina, marihuana y cocaína a ese país), derivó en una balacera y bloqueos que cobraron la vida de -por lo menos- 8 personas; Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, indicó que se ha construido una percepción social, mediática y política, de que estamos frente a un grave problema de incapacidad de las agencias y cuerpos policíacos mexicanos para cumplir temas de la “estrategia” que el Presidente ha defendido.
“Hay la percepción de insatisfacción, de inseguridad, de miedo, porque las evidencias dejan muy claro que el gobierno no planeó con eficacia y suficiente capacidad, un operativo que tenía varias semanas, quizá meses, de persecución, identificación para capturar al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y el operativo fue fallido”, señaló.
El legislador subrayó que, siendo estrictos en la valoración jurídica de los hechos, tendría que sancionarse al propio Presidente López Obrador tras haber reconocido que estuvo de acuerdo en liberar al presunto delincuente. Ortega indicó que el artículo 150 del Código Penal Federal, establece claramente que una persona detenida, está resguardada por la autoridad, y su huida significa responsabilidades, violaciones a la ley, y éstas tienen que ser explicadas porque pueden representar responsabilidad de carácter penal.
Por otro lado, añadió el también integrante de los comités de Ética y de Decanos en el Recinto de San Lázaro, “el Presidente López Obrador tiene ante sí una buena oportunidad de carácter político, para hacer un ajuste al modelo y a la estrategia de seguridad que se ha instalado en el país”.
“El Secretario de Seguridad, evidentemente, está por debajo de la necesidad y la exigencia, y este es un buen momento para la sustitución y la incorporación de alguien con mayores méritos, con mayor capacidad y visión para atender este grave problema”, resaltó.
Igualmente, Antonio Ortega llamó la atención que situaciones como la ocurrida este jueves, generará un impacto social, político y económico que ponen al gobierno en situación de debilidad, falta de credibilidad y -desde luego- generará incertidumbre, desconfianza, y alejamiento de inversiones.
“Se alejarán empresas porque no hay evidencias de que la ley y el Estado de derecho se están cumpliendo en México; por eso creemos que las comisiones involucradas con el tema: Justicia; Gobernación; Defensa y Marina, deberían ser convocadas para analizar el momento y decidir si citan de manera extraordinaria a funcionarios para transparentar la información y hacer alguna sugerencia”, finalizó.