Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRI participaron en la discusión en lo general sobre el Acuerdo de la Sección Instructora respecto de la resolución del expediente de la Declaratoria de Procedencia SI/LXIV/DP/02/2020, relacionado con el C. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) dijo que se debe desechar por notoriamente improcedente una demanda de amparo en contra del procedimiento de declaración de procedencia por un delito federal. “Eso debió haber hecho la juez de amparo, sin embargo, lo admite con unos criterios en donde pone por delante una visión de supremacía judicial sobre los otros dos poderes”.

No se está proponiendo que se resuelva quitarle el fuero o dejárselo al fiscal de Morelos. Lo que se propone simplemente es que esta Cámara respalde la propuesta de la Sección Instructora que dice: “No es procedente si quiera correr el trámite de declaración de procedencia contra un delito federal, ni siquiera correr el trámite de desafuero”.

Al hablar en pro, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, también de Morena, dijo que en la discusión se ha querido desamparar a la Cámara de Diputados con una interpretación a modo y carente de lógica jurídica.

“Ha quedado claro que el 136 de la Constitución de Morelos establece que no hay inmunidad procesal para el fiscal, no se viola el reglamento interno de la Cámara porque no se trata de un dictamen, sino de una resolución, lo que está en juego no es un asunto jurídico”, concluyó.

También de Morena, Claudia Delgadillo González expuso que el documento de la Sección Instructora plasma con claridad la resolución del por qué la solicitud debe ser desechada. “Se describen los razonamientos por los cuales incluyen que el fiscal de Morelos no goza de inmunidad procesal penal federal”.

Añadió que es fundamental entender el espíritu del legislador al crear la norma. Refirió que la Constitución de Morelos prevé que el fiscal no cuenta con inmunidad procesal penal de carácter local. “La Constitución local niega el fuero local para el fiscal del estado; por ello, la resolución de la Sección Instructora es adecuada”.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Omar Enrique Castañeda González reiteró que lo que está a discusión no es un enjuiciamiento, es estar a favor del Acuerdo de la Sección Instructora en desechar la solicitud de declaración de procedencia a fin de que sean los tribunales competentes quienes sigan el procedimiento contra el fiscal.

“Vamos a favor de este acuerdo y vamos a seguir trabajando para garantizar un marco de legalidad que cada vez se acerque más a la justicia. Vamos a seguir por el camino no solo de la legalidad, también el de la justicia”, subrayó.

José Elías Lixa Abimerhi, diputado del PAN, aseveró que no están defendiendo absolutamente a ningún fiscal, “sino a ustedes mismos, de cometer otra pifia jurídica y que la Corte les tenga que reconvenir; nosotros no tenemos problema en valorar pruebas o, en su caso, retirar el fuero, lo que no queremos es que se prolongue el asunto y nuevamente se discuta”.

Dijo ser enemigo de que a un tema esencialmente jurídico se le den connotaciones tan políticas. Añadió que la única figura jurídica en el Reglamento de la Cámara de Diputados por la que se puede proponer desechar un asunto es el artículo 288 y a través de un dictamen; “no existe otro tipo de pronunciamiento”, acotó.

También del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván dijo que se está violando la suspensión decretada por un juez federal “y tan la estamos violando que la combatimos en la vía legal que existe. Esta Cámara de Diputados utilizó la vía legal para combatir esa determinación del juez de amparo a través del recurso de queja, pero hoy decidimos que ya siempre no queremos respetar las vías legales”.

Comentó que se debe seguir por el canal constitucional que se ha respetado, esperar la resolución que en unos días se emitirá para actuar en consecuencia y discutir “éste, que sí es un dictamen, y resolver el fondo de la materia para determinar si ha lugar a la declaración de procedencia desde el ámbito federal”.

Del PRI, al hablar en contra, la diputada Lorena Piñón Rivera subrayó que los legisladores no están “aquí para juzgar o defender a una persona, estamos aquí para garantizar la legalidad y velar por el respeto a la Ley”. Agregó que el desafuero no es un tema de discusión a debatir en la tribuna porque el Poder Judicial ya resolvió la suspensión y “nosotros debemos esperar la sentencia definitiva”.

El PRI, agregó, está a favor de México, del cumplimiento de la ley y de los derechos consagrados en la Constitución. “Estamos en contra de las ocurrencias que hacen del trabajo legislativo y circo político y un linchamiento mediático. Exigimos respeto a las reglas del debido proceso, el reto para los integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura es seguir construyendo instituciones confiables y sólidas”.

De la misma bancada, la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, afirmó que la ruta para traer este tema a debate ha consistido en maniobras fuera del contexto legal y omisiones de carácter constitucional. “En caso de que esta intención de violar la ley proceda, además de generar daños directos al procedimiento legislativo podría causar efectos irreversibles para la Federación y la estabilidad de los titulares de las fiscalías en todo el país”.

“Nos mantenemos en nuestra postura de no acompañar todo aquello que agreda o atente en contra del Estado de derecho. De continuar con esta aberración jurídica se estaría mandando un mensaje de alerta a todas las instituciones, organismos autónomos y poderes de la unión de que el marco legal bajo el que nos desarrollamos es insuficiente para brindar certeza y garantizar la ley”.

El diputado Rodrigo Fuentes Ávila (PRI) comentó que “no nos corresponde determinar la culpabilidad de una persona, para eso existen los órganos responsables de hacer valer el Estado de derecho y como legisladores no podemos ir en contra”.

No es posible actuar sin fundamento jurídico y solo así se puede cumplir con la responsabilidad de salvaguardar los derechos constitucionales. La petición de desafuero que se discute carece de fundamento para asegurar su procedencia. “El Poder Legislativo no puede incurrir en las competencias que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.

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