La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación por
Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la Fiscalía General de la República (FGR),
Alejandro Gertz Manero, y al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, por violaciones graves al derecho humano al acceso a la justicia, a la
seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de las 196 víctimas de diversas
nacionalidades que en 2011 fueron localizadas en 48 fosas clandestinas, y con motivo
de la investigación de la desaparición de 57 personas más, procedentes de diversas
entidades federativas, atribuibles a actos y omisiones del personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJ-Tamaulipas), y de la entonces
Procuraduría General de la República (PGR).
Tras concluir su investigación, la CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades
por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la
Federación como del Fuero Común que estuvieron a cargo de las investigaciones
ministeriales de los hechos.
Es de aclararse que el 23 de diciembre de 2013 la CNDH emitió la diversa
Recomendación 80/2013, en la cual acreditó la violación de los derechos humanos en
agravio de 72 personas migrantes que perdieron la vida el 22 de agosto de 2010, así
como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados
en San Fernando, Tamaulipas, y trasladados a un rancho de esa localidad donde las 72
personas migrantes fueron privadas de la vida.
Como antecedente de la investigación se señala que el 6 de abril de 2011 se publicó en
un medio de comunicación que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho
ubicado en San Fernando, Tamaulipas, por lo que en esa misma fecha la Comisión
Nacional dirigió medidas cautelares a la entonces Procuraduría General de la República
(PGR) y a la PGJ-Tamaulipas, para preservar todo tipo de indicios que se obtuvieran con
motivo de las investigaciones sobre los homicidios, así como de datos que permitieran la
identificación de los cadáveres y/o restos humanos. Asimismo, inició de oficio expediente
de queja, y para integrarlo debidamente, personal de la CNDH realizó diversas acciones
y trabajos de campo y solicitó información a diferentes dependencias. Sin embargo, en
la presente Recomendación, la investigación comprende hechos ocurridos entre los
meses de abril y mayo de 2011, en los distintos lugares de ese municipio donde se
localizaron en 48 fosas clandestinas un total de 196 cuerpos y/o restos humanos.
Al conocerse los hallazgos de fosas clandestinas en las inmediaciones de San Fernando,
familiares de 57 personas desaparecidas presentaron diversos escritos de queja ante la
Comisión Nacional, solicitando intervención para la búsqueda y localización de las
mismas, también solicitaron se pidiera información a los órganos de procuración de
justicia que permitiera saber si sus consanguíneos ausentes se encontraban entre los
cuerpos o restos localizados. Ante ello y para no dividir la investigación, la CNDH decidió
acumular esos 12 expedientes.
En su investigación, este Organismo Nacional enfrentó dificultades para obtener
oportunamente toda la información de que disponían las autoridades; la PGJ-Tamaulipas
no atendió las solicitudes de información, mientras que la PGR, a pesar de la disposición
para que personal de la Comisión Nacional consultara la averiguación previa (AP1), sus
funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y
rindieron informes incompletos, por lo que personal de la Comisión Nacional acudió
múltiples veces a la PGR para consultar, transcribir, en ocasiones de forma manuscrita,
y seleccionar las principales actuaciones ministeriales, impidiéndole el ingreso con
equipo para la toma y reproducción de imágenes.
De los más de 200 tomos que integraban la AP1, cada uno conformado entre 700 a 900
fojas, la Comisión Nacional consultó y seleccionó actuaciones ministeriales relativas a la
identificación de las víctimas de 159 tomos, las cuales fueron entregadas parcialmente
por parte de la PGR hasta 6 meses después de haberlas solicitado, entre ellas, se
recibieron Dictámenes Integrados de Identificación.
La Comisión Nacional destaca que realizará un análisis integral de la problemática de
inseguridad y violencia existente en Tamaulipas, que han derivado en la desaparición y
el secuestro de migrantes en tránsito en el país, que han sido documentados en diversos
pronunciamientos que ha emitido, así como en casos que se encuentran en trámite.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Fiscal General
de la República tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás
víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas
en 2011; se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva
en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a
cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55
personas que continúan desaparecidas.
Se le pide ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a
derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en
esas fosas clandestinas; que a los familiares de esas 196 víctimas directas se les
reconozca el carácter de víctimas al interior de la AP1 y se les garantice participar
activamente en las investigaciones, para lo cual se deberá resguardar su integridad, y
aportar esta Recomendación a la Carpeta de Investigación 1, así como colaborar en el
trámite y seguimiento de las denuncias de hechos y quejas que esta Comisión Nacional
presente ante la FGR y el Órgano Interno de Control de esa Fiscalía, y ante la PGJTamaulipas
y la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría estatal contra el
personal responsable, a cuyos expedientes se deberá anexar copia de esta
Recomendación.
Al Gobernador de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas, implementar medidas
inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden
público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas;
capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del
delito y sus familiares durante la integración de averiguaciones previas o carpetas de
investigación, y a los peritos de la Procuraduría estatal, sobre procesamiento de indicios,
cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, así como
medicina forense.
A las dos autoridades se les solicita que cada una designe a una persona servidora
pública como enlace con este Organismo Nacional para dar seguimiento al cumplimiento
de la Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede
ser consultada en la página www.cndh.org.mx
