Por omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes en esa entidad, quienes al negarse a participar en un paro magisterial fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del Municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 09/2019 al Gobernador de la entidad, Rutilio Cruz Escandón Cadenas; al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; a la Directora General del Colegio de Bachilleres estatal, Nancy Leticia Hernández Reyes, y al Presidente de ese municipio, Emmanuel Cordero Sánchez.

Este Organismo Nacional acreditó la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia, las cuales incurrieron en indebida tolerancia a las agresiones contra las víctimas.

La retención del personal docente y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Chiapas y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, se realizó el 31 de mayo de 2016 en dos grupos: el primero, de 6 personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas –2 mujeres y 4 varones—, que fueron interceptadas en “los arbolitos”, cuando se dirigían a las oficinas de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez. En el otro grupo había 8 personas –2 mujeres y 6 hombres— que laboraban en el Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, quienes fueron detenidas en una oficina alterna al plantel. Las víctimas fueron llevadas a las inmediaciones de la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, lo que fue difundido por medios de comunicación y por lo cual la CNDH inició de oficio expediente de queja.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron “monitoreos” de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas omitió investigar la participación de integrantes de su personal que estuvieron en los hechos, pese a señalamientos de haber retenido a las víctimas, a quienes no garantizó un trabajo digno, ya que continúan laborando con sus agresores, lo cual impide que realicen sus funciones con respeto a su dignidad.

Por ello, la CNDH recomienda al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; coadyuvar con la Comisión Nacional en la queja y denuncia que presente ante las autoridades competentes y la Fiscalía General de Estado, respectivamente, contra el personal involucrado, incluida la cadena de mando, y capacitar en derechos humanos y en técnicas, tácticas y estrategias para el control de multitudes al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría General de Gobierno, incluyendo la Subsecretaría de Gobierno Región XV, Meseta Comiteca Tojolabal y la Delegación de Gobierno en Comitán de Domínguez.

También, diseñar y difundir un protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, en coordinación con las autoridades municipales de Comitán de Domínguez, para el control de multitudes, y realizar acciones para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Registro Estatal de Víctimas operen debidamente.

Al Fiscal General del Estado se recomienda integrar y perfeccionar la Carpeta de Investigación relacionada con los hechos ocurridos en agravio de seis víctimas; colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Visitaduría de esa Fiscalía, y capacitar al personal en derechos humanos y procuración de justicia.

A la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas se le solicita implementar acciones para garantizar que las 8 víctimas realicen sus actividades laborales con seguridad y respeto, evitando su revictimización, y colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Comisaria General de ese Colegio.

Al Presidente Municipal de Comitán de Domínguez se le pide colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Contraloría Interna Municipal contra los policías involucrados, incluida la cadena de mando; capacitar al personal policial municipal en derechos humanos, específicamente en técnicas, tácticas y estrategias para el control de multitudes, para garantizar su correcto desempeño y prevenir hechos similares

Cada una de las cuatro autoridades deberá designar a una persona servidora pública de alto nivel que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.

La Recomendación 09/2019, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx