Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), manifestaron la importancia de reunirse con los titulares del Instituto Federal de Telecomunicación (Ifetel) y de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) para que expliquen cómo calculan los costos y precios al público de las tarifas de telefonía celular y solicitarles que impulsen campañas de información.
En una reunión aprobaron exhortar al Ifetel a vigilar y verificar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de los lineamientos de tarifas, planes y costos que ofertan proveedores concesionarios de telefonía celular, a fin de que los servicios adquiridos por los usuarios correspondan a los que ofertó el proveedor en la contratación.
En el mismo sentido, plantearon que la Profeco verifique de manera coordinada con el Ifetel el cumplimiento de precios y tarifas que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, y que la promoción de los servicios no sea engañosa.
Este asunto, Pérez Díaz indicó que afecta directamente la economía familiar. Es difícil que una persona reclame, porque no comprende los conceptos de las tarifas; no hay labor de información de estas oficinas para que un usuario pueda tomar una decisión informada, “porque pueden afectar otros intereses”.
La diputada Yolanda Guerrero Barrera (Morena) informó que hay muchas quejas de la ciudadanía que ha solicitado se revisen las tarifas del servicio, “que es malo y caro”. Se pronunció por revisar en qué condiciones y en qué tarifas tiene el Ifetel a estas concesiones y pidió que los funcionarios informen a los diputados lo que cobran, y cómo lo cobran, y detallen las tarifas que aplican.
Del PAN, el diputado Francisco Javier Luévano Núñez indicó que hay muchas quejas de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio de telefonía celular, las tarifas y los costos, por lo que se manifestó a favor del acuerdo para responder a los ciudadanos.
José Luis García Duque, diputado del PES, destacó que es necesario conocer información detallada, para dar solución al problema “porque se pasan la bolita y ahí queda. Queremos soluciones, no nada más que digan que lo van a hacer y al final no hagan nada”.
La diputada Juana Carrillo Luna (Morena), señaló que con la portabilidad de línea a muchas personas las cambian de compañía telefónica sin su autorización; las empresas les realizan llamadas “con truco” y los usuarios no tienen certeza de lo que les están ofreciendo.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera se pronunció a favor del acuerdo para que Profeco dé estadísticas de quejas y compararlas con los contratos de los planes autorizados por usuarios. “Ahí veremos la realidad y cuáles son las soluciones que da Profeco cuando se violentan los derechos de los usuarios”.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame, de la misma fracción, coincidió en la importancia de que acudan los funcionarios a explicar el tema adecuadamente.
Durante la reunión, se aprobó exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México, del estado de México y de Morelos, para que a través de sus respectivas Secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, realicen medidas tendentes a regularizar las concesiones de transporte público y garantizar la integridad y seguridad de usuarios de dicho transporte.
Además, que fortalezcan mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres.
Otro dictamen aprobado es el referente a hacer un llamado al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que proceda a eliminar el cobro de peaje del Puente Coatzacoalcos I y del túnel sumergido, a los habitantes y trabajadores de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste.
Uno más, para exhortar al Congreso del estado de Baja California Sur, para que en el proceso de discusión de la iniciativa de Ley de Movilidad de ese estado, lleve a cabo un análisis responsable en el que se privilegie el derecho humano a la movilidad, la transparencia y el fomento a la competitividad del sector transportista, para que a la brevedad se tenga un sistema de movilidad completo en beneficio de los sudcalifornianos.
Asimismo, se avaló llamar a los gobiernos de las entidades federativas y congresos locales para que promuevan la creación de ordenamientos jurídicos y normativos, o en su caso se revisen los vigentes, para promover y reforzar la protección de usuarios de vehículos no motorizados.
Otro, para que todos los municipios, alcaldías o localidades de las zonas metropolitanas o urbanizadas de las entidades federativas cumplan con la norma vigente o, en su caso, actualizar su normatividad o reglamentación respectiva, mediante medidas pertinentes en materia de movilidad, con objeto de reforzar y establecer mecanismos que eviten la obstrucción de la vía pública mediante objetos, vehículos o señalización para reservar o delimitar espacios de estacionamiento.
Además, que realicen operativos de manera constante de liberación de vialidades y retiren cualquier objeto que impida el libre tránsito en la vía pública; obstruya o reserve espacios de estacionamiento en la calle y retire autos abandonados o chatarra de cualquier tipo que afecte al medio ambiente, además de interponerse las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
También se aprobó llamar al gobierno del estado de Nuevo León para que lleve a cabo acciones permanentes de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, que garantice un servicio de calidad, que permita salvaguardar la seguridad e integridad de los usuarios.
Durante la reunión, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera (Morena) expresó que es necesario sancionar el cobro excesivo del servicio de arrastre de vehículos e impulsar la creación de un tabulador para estipular las tarifas que cobrarán las grúas en un servicio de salvamento, que en caso de un accidente, realizan maniobras fuera de la carretera y no está contemplado.
Planteó que la SCT analice el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para aplicar un tabulador a casos de accidentes fuera de la carretera. Propuso reunirse con los sectores interesados para elaborar un documento que solicite a la SCT que actualice el reglamento y contemple también sanciones para quien incumpla las tarifas establecidas.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) señaló que es necesario revisar este asunto y plantearlo a la SCT, dado que el cobro de grúas es un abuso, la tarifa no se respeta. Es necesario marcar reglas en todo el país y que la dependencia termine con la corrupción entre operadores de grúas y delegados de centros de la SCT.
Hay un contubernio en el cobro de grúas, entre SCT, la PFP y los operadores, por lo que debemos conocer cómo va a actuar la dependencia en la nueva administración, porque en las anteriores era un total desorden”.
El diputado del PVEM, Jesús Sergio Alcántara Núñez afirmó que en el servicio de arrastre vehicular, por accidente o infracción, existe una complicidad entre la policía federal y locales, con la propia SCT, por lo que se pronunció por reunirse con la SCT para observar y dar seguimiento a estas anomalías.
