El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Vivienda, que traslada atribuciones de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que       esté facultada a elaborar y conducir la política en esta materia.

El dictamen aprobado en lo general con 324 votos a favor, 31 en contra y una abstención, busca armonizar el mencionado ordenamiento con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 30 de noviembre de 2018, que mandata la sectorización de la Conavi a Sedatu.

 

Sedatu deberá formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el programa en la materia, así como proponer, en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo.

 

La Conavi formulará y ejecutará su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de operación para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una decorosa y digna vivienda, principalmente la población de alta vulnerabilidad, menores ingresos o en situación de pobreza.

 

También se atiende la actualización de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como la referencia de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de Tierra, toda vez que el 16 de diciembre de 2016 se publicó el decreto que la transforma en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

 

Los artículos transitorios establecen que el Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares continuará cumpliendo con sus fines y objetivos en tanto se lleve a cabo su extinción. Además, en el primer año natural posterior a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Conavi transferirá a la Sedatu el Sistema Nacional de Información.

 

Las erogaciones que generen la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente periodo fiscal a la Sedatu, y para los ejercicios subsecuentes se cubrirán con cargo al presupuesto que en su caso apruebe la Cámara de Diputados.

 

En la fundamentación, la secretaria de la Comisión de Vivienda, diputada Norma Adela Guel Saldívar (PRI), expresó que las atribuciones conferidas en un principio a la Conavi fueron trasladadas a Sedatu, dejándola como una entidad sectorizada con atribuciones diferentes. Se pretende llegar a sectores de la población que no son atendidos por la banca tradicional.

 

Esta es la parte más importante de esta reforma, porque en México la compra de vivienda nueva sólo es accesible para personas que reciban ingresos superiores a los cinco salarios mínimos, pues únicamente este sector de la población tiene solvencia para acceder a un crédito.

 

Tal panorama, excluye a poco más del 70 por ciento de la población, según el estudio Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018, que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

 

Con las nuevas atribuciones a Sedatu, se tendrá un mejor control de la política de vivienda, para que no haya personas sin casa, y casas sin personas. “Haciendo llegar este derecho humano a aquellas familias comprendidas en los primeros 6 deciles de ingreso. Es decir, con ingresos menores a los 10 mil 550 pesos, quienes en la actualidad no tienen posibilidad de adquirir una casa nueva”.

 

Guel Saldívar destacó que se faculta a la Sedatu a elaborar y conducir la política de vivienda en el país. Asimismo, hacer las adecuaciones orientadas al cambio de funciones, denominaciones y adición de entidades territoriales como las alcaldías.

 

En los posicionamientos, la diputada Lucía Flores Olivo (Morena) resaltó que es momento de tener una política de vivienda que afronte con seriedad las problemáticas actuales de este sector. Con las reformas, el gobierno basará sus políticas en los principios de inclusión social, eficacia económica y protección ambiental. Se procurará en todo momento el uso eficiente de los recursos para lograr viviendas asequibles y sostenibles.

 

El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) expresó su apoyo al dictamen porque, consideró, es darle instrumentos y mecanismos a la administración pública para que se organice, opere mejor, funcione y dé resultados, así como “que no haya pretextos” si no cumplieron con la expectativa y si no dan respuesta clara al problema de la vivienda.

 

Del PES, el diputado Miguel Acundo González se pronunció a favor al considerar que esta reforma brindará al Ejecutivo federal facilidades para conducir y plantear de mejor manera las políticas en la materia para apoyar y garantizar la adquisición de viviendas a las y los mexicanos menos favorecidos y contribuir al desarrollo ordenado y controlado de las poblaciones de todo el país. Aseguró que la reforma abonará para sacar de la pobreza a muchos mexicanos.

 

La diputada Margarita García García (PT) recordó que su lucha ha estado enfocada en darle a la población que menos tiene una casa digna, “fuimos pioneros en el establecimiento de vivienda popular, por lo que este tema será una bandera de organización popular”; apoyamos el dictamen y la consigna de la bancada será siempre: “ni gente sin casas, ni casas sin gente, ya que hay miles de casas abandonas y gente sin casa”.

 

Juan Francisco Ramírez Salcido, diputado de MC, puntualizó que falta mucho camino por recorrer; hacer reformas profundas debe partir de la concepción de que es un derecho humano contar con una vivienda digna. “El grupo parlamentario votará a favor porque está convencido que es nuestra responsabilidad buscar y generar  consensos necesarios que protejan a los ciudadanos”.

 

La diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel afirmó que a pesar del desarrollo de programas de financiamiento y apoyo a la vivienda, aún persiste la necesidad de tener una casa, principalmente en personas de bajos recursos; es ineludible que el Poder Legislativo encuentre caminos y generé políticas públicas que favorezcan a todos. “Es importante mantenernos en un escenario de constante trabajo para mejorar el marco legal vigente”.

 

Por el PVEM, el diputado Óscar Bautista Villegas consideró que la reforma garantiza la vigencia de las leyes en la materia y asegura que las secretarías, órganos, dependencias ligadas y facultadas para llevar a cabo acciones de vivienda, cumplirán con el objetivo de garantizar el derecho a una casa digna. “Los integrantes del grupo parlamentario votaremos a favor del dictamen”.

 

En la discusión, el diputado Alberto Villa Villegas (Morena) indicó que con los cambios se da certeza a la Sedatu y existirá una mejor regulación en sus procesos que, en consecuencia, permitirá atender las prioridades que presenta la realidad nacional en materia de vivienda.

 

Claudia Báez Ruiz, diputada del PES, indicó que su grupo parlamentario está a favor del dictamen porque integra la planeación y atención a la vivienda con el ordenamiento del territorio, el suelo y el desarrollo urbano, componentes que cumplirán con los requerimientos para dotar a los mexicanos de una vivienda adecuada que satisfaga sus necesidades.

 

La diputada Dionicia Vázquez García (PT) destacó que las reformas buscan establecer un camino viable a la política nacional en la materia, lo cual es urgente. Enfatizó que en la actualidad la construcción de vivienda no sigue directrices que respeten al medio ambiente ni están pensadas desde la sustentabilidad ambiental.

 

Votación en lo particular

 

En lo particular, se avalaron con 322 votos a favor y 30 en contra modificaciones a los artículos 15, 17 y 30 de la Ley de Vivienda.

 

La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) propuso modificar el primer párrafo del artículo 15, a fin de incluir a las alcaldías, que por una omisión del dictamen quedaron fuera de la atribución de vivienda que se otorga a la Federación, estados y municipios.

 

Armando Contreras Castillo, diputado de Morena, presentó propuesta de modificación al artículo 17 apartado A y B fracción V del Proyecto, con el propósito de agregar a los gobiernos de las entidades federativas, porque este órgano puede participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente con un alto grado de autonomía.

 

El diputado Adolfo Torres Ramírez (PAN) pidió modificar el artículo 30 fracción IV, con la intención de mantener la representación de los Organismos Estales de Vivienda (Orevis) en el Consejo Nacional de Vivienda, en aras de una mayor pluralidad y equidad del sector público, social y privado.

 

El dictamen se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.