La Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, a fin de promover, impulsar y ampliar la protección de las trabajadoras que sufren violencia de género o familiar.
En el dictamen, avalado por 374 votos y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se establece que serán obligaciones de patrones y titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión y de los organismos descentralizados, permitir a las trabajadoras faltar a su empleo cuando se encuentren en situación de violencia.
Se precisa que la solicitante deberá contar con una orden de protección emitida por la autoridad competente y el permiso deberá durar el mismo tiempo que la orden de protección.
En las consideraciones se destaca la urgencia de que el Estado adopte medidas para proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres que sufren violencia, y en que la conservación de la fuente de empleo permite que éste núcleo poblacional supere el problema de violencia de una manera pronta.
Actualmente, no se encuentra protegido el derecho a la estabilidad laboral cuando las mujeres víctimas de violencia tiene que ausentarse para proteger sus vidas, se agrega.
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), expresó que atender la violencia de género atañe a todos, particularmente a las y los legisladores, quienes deben generar el marco jurídico para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia.
Las reformas, dijo, permiten promover, impulsar y ampliar la protección de las personas que sufren violencia y puedan salvaguardar su vida, pues en el mayor de los casos son mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 66.1 por ciento de las mujeres encuestadas han sido objeto de violencia en algún momento de su vida; 44.1 por ciento ha sufrido violencia sexual; 49 por ciento, emocional; 34 por ciento, física, y 29 por ciento, económica.
Briceño Zuloaga resaltó que este fenómeno es tan grave que América Latina es la región más violenta para las mujeres que no están en contexto de guerra. De acuerdo a Naciones Unidas, América Latina y El Caribe presentan la mayor tasa del mundo de agresión sexual contra las mujeres fuera de la pareja, y la segunda de la pareja actual o pasada.
En México, el problema de la violencia extrema ha comenzado a alcanzar niveles de pandemia. Es uno de los ocho países, con legislación específica en materia de género; sin embargo, se requieren mecanismos que permitan garantizar la seguridad laboral de las que están en contextos de violencia.
La proponente, diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI), señaló que la recurrente situación de violencia que hay contra las mujeres en México, merece toda la atención de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno que pongan freno a la agresión que hay en contra de ellas.
La finalidad, indicó, es establecer un mecanismo que contribuya a fortalecer las acciones de protección hacia las mujeres trabajadoras del sector público como privado. Se les permitirá faltar a sus trabajos cuando estén en una situación de violencia extrema, para lo cual deberá contar con una orden de protección. “No se debe tolerar la violencia contra ellas, en ningún entorno y bajo ninguna circunstancia”.
