Diputados aprueban reformas a Ley General de Bienes Nacionales

Política
  • Las modificaciones buscan mejores condiciones de precio, transparencia y oportunidad en venta de inmuebles propiedad de la nación
  • El decreto fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales

El Pleno de la Cámara de Diputados, dispensó trámites y aprobó con 259 voto a favor, 220 en contra y una abstención, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual tiene como objetivo cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El decreto, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación.

Para ello, la iniciativa presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), planteó modificar los artículos 2, fracciones II y IX; 27, párrafo primero; 33, párrafo tercero; 50, párrafo tercero, fracción III, quinto y sexto; 54 Bis, párrafo primero; 84, párrafo sexto; 85, párrafo tercero, fracción I; 104, párrafo primero, y 118 de dicha ley.

Se propone, además, elevar los porcentajes considerados para el valor base en la postura legal, para que en la segunda licitación púbica sea de 95 por ciento y, en la tercera sea de 90 por ciento. “La normativa vigente, permite disminuir el valor base de los inmuebles federales hasta en un 40 por ciento, lo que redunda en una afectación significativa en la venta de los bienes públicos.”

Necesario analizar el tema para evitar actos de corrupción

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) dijo que votaría en contra porque sin análisis ni dictamen se facilitan los actos de corrupción, pues se busca que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no participe en la elaboración de lineamientos de arrendamiento y no pueda pronunciarse sobre contratos de arrendamiento financiero con opción a compra, y no autorice gravamen de bienes inmuebles.

Expresó que se eliminan facultades de esa dependencia que combate la corrupción para que no cumpla con su función. Agregó que con la discusión de esta propuesta no se respetan las formas ni el fondo y es un ejemplo perfecto del autoritarismo.

Iniciativa busca parar “la sangría del patrimonio nacional”

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó su voto a favor porque se busca parar “la sangría del patrimonio nacional”, ya que se plantea que no haya depreciación de los inmuebles mayor al 10 por ciento. Explicó que en la actualidad se hace un avalúo que castiga mucho el precio del inmueble a remate y “luego se amafian, le hacen vacío en la licitación al primer momento y baja 20 por ciento ese valor; luego, en un segundo intento hacen otro vacío y baja 40 por ciento sobre el avalúo de remate”.

Expresó que se trata de una buena iniciativa que no violenta ningún procedimiento, porque está en la normatividad interna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos públicos se ejercen y administran con mayor eficacia

Por el PVEM, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos se manifestó a favor de esta reforma, ya que los recursos públicos se ejercen y se administran con mayor eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, lo cual permite que el gobierno cuente con las mejores condiciones en lo que respecta a las licitaciones públicas para la venta de bienes inmuebles, propiedad de la nación.

Añadió que, con esta propuesta de modificación, el valor base de los inmuebles federales no se reducirá de forma drástica conforme avanza el número de licitaciones y se evita una afectación al patrimonio del Estado. “Hoy podemos afirmar que la actual administración ha dado un gran paso para hacer prevalecer el interés público sobre los intereses privados”.

Indispensable estudiar a fondo la iniciativa

La diputada del PRI, Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) indicó que se aborda esta iniciativa a toda prisa cuando es un tema técnico que debe estudiarse con detenimiento y discutirse de forma responsable.

Dijo que el punto medular debe estar en la transparencia y rendición de cuentas, y que cada centavo esté auditado y destinado a las necesidades más apremiantes de la población. “Esta enajenación debe estudiarse porque no se trata de vender por vender, se debe hacer en igualdad de oportunidades”.

La propuesta es omisa en estudios en estudios actuariales

A su vez, la diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca (PAN) afirmó que el Estado debe tener el mayor beneficio en la venta de bienes, pero la iniciativa es omisa en señalar las bases y estudios actuariales para concluir y proponer los nuevos porcentajes aplicables a bienes no adquiridos en una primera subasta.

Señaló que se pretende aprobar sin dar oportunidad de un estudio o análisis minucioso. El “agandalle legislativo” le ha hecho daño al país, subrayó, y puso como ejemplo las reformas a las leyes aprobadas por la mayoría que han sido declaradas inconstitucionales.

Eliminar abusos en licitaciones para no reducir valor de bienes

El diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena) expresó que hay disposiciones de Ley General de Bienes Nacionales que permiten disminuir hasta 40 por ciento el valor de base de los inmuebles, lo que se traduce en mermas a los ingresos de la federación y el pueblo, por lo que la iniciativa busca reducir ese porcentaje para garantizar que el Estado reciba mejores precios por la venta de esos inmuebles a través de licitaciones públicas en condiciones de transparencia y honestidad.

Agregó que existen prácticas deshonestas y de corrupción de parte de quienes licitan y tienen interés en adquirir a menor precio inmuebles federales de valor histórico, por lo que se deben eliminar abusos y actos de corrupción en licitaciones que buscan reducir intencionalmente el valor base de dichos bienes.

Discusión general

Para hablar contra el proyecto, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) indicó que éste es un día oscuro para el Poder Legislativo, pues se habla de combatir la corrupción en las licitaciones “y este gobierno ha sido el más opaco y con mayores adjudicaciones directas”. Además, dijo que hablan de vender bienes inmuebles a precio justo, cuando se “regaló el avión presidencial”.

Bernardo Ríos Cheno (Morena) se pronunció a favor “porque la reforma evitará que se vendan los bienes de la nación a precios baratos” y no dejará que se manipulen ni que haya actos de corrupción entre el comprador y vendedor. “No más corrupción ni abusos sobre los bienes de la nación. Los cuidaremos en favor del pueblo”.

Al hablar, a favor, la diputada Esther Martínez Romano (PT) dijo que la iniciativa contribuye a tener las mejores condiciones para el Estado de manera íntegra, transparente y con apego a la legalidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación y se cierran las puertas a posibles actos de corrupción para manipular el valor base de los bienes inmuebles licitados.