La Cámara de Diputados aprobó con 399 votos, el dictamen que reforma el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para precisar que la Federación y las entidades diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental con perspectiva intercultural y de género.
El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, considera que con esta reforma se tiene la oportunidad de contribuir en la consecución del propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.
Además, tiene incidencia directa en tres de los objetivos del desarrollo sustentable: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), señaló que el objetivo principal es que la Federación, así como las entidades federativas, desde el ámbito de su competencia, diseñen, desarrollen y apliquen instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de la política ambiental.
Mencionó que una política ambiental reconocida en la ley, es incentivar a quienes protejan al medio ambiente, promuevan o realicen acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.
Por ello, se incluyó incentivar con instrumentos económicos aquellos que promuevan la conservación de los recursos naturales con una perspectiva intercultural y de género, logrando así cero discriminaciones.
Con la reforma, expuso, se atienden las evidencias que muestran las graves afectaciones al medio ambiente a nivel mundial. “Uno de los retos más fuertes a los que nos enfrentamos es lograr la participación y el compromiso de la sociedad para trabajar juntos, ya que se afirma erróneamente que los movimientos ambientalistas son parte de una simple moda”.
Rubio Montejo destacó que se busca que el Estado garantice la protección de un medio ambiente sano como uno de los derechos más importantes para las personas, pero se requiere también de la participación activa de la sociedad mediante la adopción de hábitos sustentables con el medio ambiente.
“Este objetivo se estará logrando para la reforma que hoy estamos aprobando, sobre incentivar con instrumentos económicos a aquellos que promuevan la conservación de los recursos naturales con una perspectiva intercultural y de género”, añadió.
