Javier Bárcenas

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional como una institución de carácter y dirección civil, y que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley General del Uso Legítimo de la Fuerza y Nacional del Registro de Detenidos.

Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, con la obtención de las dos terceras partes de los votos, se aprobó la creación de la Guardia Nacional.

Acto seguido, comenzó la discusión en lo particular de las reservas hechas a ocho artículos constitucionales y a siete de transitorios, así como la adición de un precepto octavo transitorio.

La fundamentación del documento estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez de Morena, en tanto, la Junta Directiva de la Comisión presentó una adenda con modificaciones al dictamen, la cual fue aceptada por el Pleno.

Carrillo Martínez informó que la dirección de la Guardia Nacional, debe recaer en una autoridad civil; a las competencias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública.

El cuerpo policíaco debe tener formación y capacitación específica para la función policial, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, y la consideración de mecanismos de control político y jurisdiccional de las actividades de la Guardia Nacional.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y el diputado Ricardo Villarreal García (PAN) presentaron, por separado, mociones suspensivas al dictamen, las cuales fueron desechadas.

A favor del dictamen hablaron María Guillermina Alvarado Moreno (Morena), María Alemán Muñoz Castillo (PRI), Ana Ruth García Grande (PT), Juanita Guerra Mena (Morena), Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI), Esmeralda de la Ángeles Moreno Medina (PES) y Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI).

Asimismo Héctor Joel Villegas González (PES), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), María Roselia Jiménez Pérez (PT), Benito Medina Herrera (PRI), Claudia Reséndiz Hernández (PES) y Mario Delgado Carrillo (Morena).

En contra lo hicieron Martha Tagle Martínez (MC), Adriana Dávila Fernández (PAN), Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Fernando Torres Graciano (PAN), Julieta Macías Rábado (MC), Lizbeth Mata Lozano (PAN), Alan Jesús Falomir Sáenz (MC), Verónica Juárez Piña (PRD), Janet Melanie Murillo Chávez (PAN), Carmen Julia Prudencio González (MC), Antonio Ortega Martínez (PRD) y Jorge Arturo Espadas Galván (PAN).

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76,78, 82, 89 y 123, y surgió de una iniciativa de diputados de Morena, presentada por la legisladora María Guillermina Alvarado Moreno, el 20 de noviembre de 2018.

El dictamen define a la Guardia Nacional como una institución policial de la Federación responsable de las tareas de seguridad pública y de la preservación de los bienes y recursos de la nación, adscrita a la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Establece que será una institución de seguridad pública de carácter y dirección civil, con una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Se indica que la SSPC “formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones”.

En tanto, la Sedena, conforme a la ley, “dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas permanentes”.