En sesión semipresencial, las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM expresaron su posicionamiento respecto al dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Se mantiene la facultad de atracción y obligaciones de la Fiscalía
El legislador Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) comentó que en el dictamen se mantiene la facultad de atracción y obligaciones de la Fiscalía tanto en la constitución como en la legislación secundaria. “La oposición, ha llegado al extremo de descalificar a los compañeros de bancada del Senado; demuestren jurídicamente como una propuesta de ley priva los derechos de las víctimas y evade las responsabilidades que tienen los agentes de los ministerios públicos”, solicitó.
“Familiares de desaparecidos me dirijo a ustedes con todo respeto: en Morena tenemos como uno de nuestros principios rectores no mentir, por eso les pido tener confianza en esta reforma que es para su beneficio, nunca haremos nada para perjudicarles, los acompañaremos en esa lucha hasta encontrar a los desaparecidos y saber la verdad de los hechos”.
Con esta reforma se olvida a las víctimas e ignora los reclamos de los colectivos sociales
La diputada María Cristina Castillo Espinosa (PAN) dijo que con este dictamen se pretende resolver la ley original, cambiándolo por otro ordenamiento que olvida las necesidades sociales y el verdadero rol de un fiscal ante las exigencias del sistema penal acusatorio. Asimismo, olvida a las víctimas e ignora los reclamos de los colectivos sociales.
Señaló que se necesita una fiscalía humana, sensible, eficaz y autónoma; sin embargo, la ley que está a discusión va en contra de las víctimas por lo que su bancada votará en contra de la misma.
El dictamen tiene fallas y no protege a las victimas
De la bancada del PRI, el legislador Enrique Ochoa Reza indicó que es una ley que organiza a la Fiscalía General de la República de acuerdo a los tiempos de hoy, crea fiscalías con base constitucional y establece mecanismos a favor de la paridad de género, promueve carrera de servicio de largo aliento y tiene como propósito mejorar las condiciones de procuración de justicia de este país.
Mérito sí tiene la ley, pero también tiene fallas y quedaron evidenciadas en los procesos que se llevaron aquí de discusión abiertos a la sociedad, sobre todo ante los grupos que protegen a las víctimas que han sufrido lamentables situaciones por los delitos que se han cometido en este país.
Dotar a la Fiscalía de instrumentos para que enfrente al crimen
Vía plataforma digital, la legisladora María Rosete (PT) afirmó que es necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento que dote a la FGR de instrumentos que le permitan enfrentar con firmeza a las organizaciones delictivas. “El alto grado de impunidad del que todavía gozan los delincuentes hace necesario que el Poder Legislativo la dote de herramientas jurídicas que le permitan un combate eficaz y oportuno contra el crimen”.
Puntualizó que es tiempo de desterrar la corrupción y hacer más eficiente su tarea y responsabilidades; ante ello, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que sin “mezquindades” apoyen este trabajo legislativo.
Inaplazable la expedición de esta reforma
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) consideró inaplazable la expedición de esta reforma ya que es fundamental para hacer el cambio que necesita la FGR; también urge emitir el mejor texto viable en el menor tiempo posible para atender a la Nación sin más dilaciones”.
“Compañeras y compañeros, no debemos entregar un cheque en blanco a la Fiscalía, ignorando los puntos débiles del dictamen, ojalá y se tenga la apertura de las fracciones mayoritarias para integrar reservas que atiendan el sentir de las víctimas, esperemos que los cambios que se generen sean para brindar una Fiscalía mejor”, subrayó.
La reforma, indispensable para atender la inseguridad
Vía plataforma digital, la diputada de Encuentro Social, Esmeralda Moreno Medina, dijo que están a favor de la reforma porque ayudará a combatir la inseguridad, delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, delitos cibernéticos, explotación sexual infantil, narcotráfico, trata de personas y sustracción de hidrocarburos, entre otros delitos.
Afirmó que se dotará al Ministerio Público de instrumentos eficaces para investigar y perseguir delitos; por ello, el dictamen es indispensable porque se atenderán las condiciones de inseguridad e impunidad que imperan en el país.
Se trata de un proyecto que violenta los derechos de las víctimas
La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, señaló que en su grupo parlamentario tienen algunas preocupaciones que consideran deben ser corregidas en beneficio de las y los mexicanos, principalmente en lo que concierne a los derechos de las víctimas. Dijo que no pueden acompañar un proyecto que violenta los derechos e informó que su voto sería en contra.
Recalcó que es un proyecto que “no atiende la nueva realidad procesal de nuestro país y que, en sentido contrario a los derechos humanos, genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica”. Además, “no responde a la realidad de la criminalidad del país y que sigue pensando en términos arcaicos y obsoletos, violando con ello la propia reforma constitucional que le dio vida”.
Consolidar un sistema de procuración de justicia eficiente
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) sostuvo que se expide una nueva ley con el propósito de permitir una mejor integración y funcionamiento de la institución en concordancia con su naturaleza como órgano público, autónomo, establecido en la Constitución. Afirmó que se busca mejorar la calidad y el funcionamiento del Ministerio Público.
Precisó que se contempla la formación de equipos de investigación y litigación, coordinados entre el personal de distintas unidades de la institución y de otras fiscalías para combatir fenómenos de diferente índole. Anunció su voto a favor “porque sus objetivos son consolidar un sistema de procuración de justicia eficiente y con credibilidad que garantice a la sociedad la preservación del Estado de Derecho”.
