En la sesión de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, MC, Encuentro Social y PVEM, presentaron iniciativas que reforman diversas leyes sobre derechos humanos de mujeres, ingreso mínimo vital, superar las consecuencias de la pandemia, discriminación en el sector privado y violencia de género en el servicio social.

Necesario, garantizar respeto a derechos humanos de las mujeres

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena), a nombre de integrantes de su partido, del PT y de Encuentro Social, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

Plantea que en el diseño de las acciones de prevención deberá garantizarse el pleno respeto a los derechos humanos, la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque de atención especial en temas de violencia de género.

Asimismo, que las autoridades responsables verifiquen que se estén ejecutando los procedimientos o medidas tendientes a avalar la reparación integral del daño en favor de la persona que haya resultado afectada y que haya ocasionado violación a sus derechos. Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Proponen expedir Ley para el Acuerdo de Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis

El diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN) planteó expedir la Ley para el Acuerdo de Unidad Nacional para Enfrentar y Superar la Crisis Nacional agravada por el COVID-19, con el objetivo de generar diagnósticos, propuestas, lineamientos e instrumentos de política pública para que se puedan superar de la manera más eficaz y expedita las consecuencias de la pandemia.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, establece que el Acuerdo será un mecanismo de gestión amplio en el que participarán el Poder Ejecutivo Federal, las Cámaras del Congreso Federal, los órganos constitucionales autónomos que correspondan, así como los representantes de los gobiernos estatales, municipales, universidades públicas y privadas, organismos de la sociedad civil, especialistas y representantes de partidos políticos.

Expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital de Impacto Temporal Económico

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) propuso expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital de Impacto Temporal y Económico con el fin de establecer y garantizar el derecho de las personas a recibir un ingreso mínimo ante la ocurrencia de un caso o hecho fortuito o de fuerza mayor en los que vean disminuidos sus ingresos económicos.

Planteó otorgar un ingreso de hasta tres meses de salario mínimo, es decir 12 mil 753 pesos para quienes hayan perdido su empleo. Detalló que los recursos serán generados mediante un fondo de emergencia de impacto temporal económico el cual se constituirá por los recursos provenientes de hasta un 2.2 por ciento de ingresos petroleros y donaciones o cualquier tipo de aportación que provengan de personas físicas o morales. Se remitió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Crear protocolos contra la discriminación en el sector privado

A través de la plataforma digital, la diputada de Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala, presentó a nombre de su correligionaria, la diputada Carolina García Aguilar, una iniciativa que reforma el artículo 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el propósito de instituir que el sector privado establezca protocolos de actuación para prevenir y erradicar la discriminación.

El documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su análisis, refiere que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2017), observó que los principales hechos de discriminación se dan en el sector privado, muchas veces al momento de acceder a algún servicio público o al trabajar para una empresa, de ahí la importancia de prevenir y atender la vulneración de los derechos humanos.

Erradicar la violencia de género durante el servicio social

Vía la plataforma digital, la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) presentó a nombre propio y de diversos legisladoras y legisladoras, la iniciativa que plantea adicionar un artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y un artículo 138 Bis a la Ley General de Educación, a fin de prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación, en cualquier ámbito en el que se preste el servicio social.

La reforma busca estipular que quedarán exentas de responsabilidad por interrupción en la realización de su servicio, aquellas prestadoras de éste que, habiendo sufrido y denunciado violencia por razones de género ante las autoridades competentes, deban suspender o, en su caso, abandonar los establecimientos donde hayan estado prestando su servicio, sin que ello afecte la liberación de éste para la obtención de su título de grado. Además, se contempla que la Secretaría de Educación elabore un protocolo para evitar este tipo de violencia. Se envió para su análisis a la Comisión de Educación.