Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios expresaron, en sesión semipresencial, sus puntos de vista en torno a la declaratoria de aprobación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas de la Constitución Política, en materia de movilidad y seguridad vial.

Garantiza el derecho a la movilidad

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) consideró que México da un gran paso con una reforma que garantiza desplazarse con seguridad, accesibilidad, sostenibilidad e igualdad. “Demuestra el espíritu transformador que viven las y los mexicanos para construir una mejor sociedad”.

Por eso, dijo, aprobada ya por unanimidad y en casi todos los estados de la República, da pauta a un segundo paso que consiste en la creación de una ley de movilidad y seguridad vial, que debemos promulgar en los próximos seis meses.

La reforma se enfoca en las personas

Del PAN, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González mencionó que la reforma busca el eficiente desplazamiento de la ciudadanía, garantiza el libre tránsito e incorpora a las comunidades con un enfoque hacia las personas, sin dejar de lado la movilidad.

Enfatizó que la tarea no es sencilla porque ahora es necesario adecuar una perspectiva transversal con diversos enfoques, como el transporte, la infraestructura carretera y la vialidad, por lo que se dará atención a que estas acciones legislativas no queden en letra muerta.

Vías de tránsito más seguras

La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que con el derecho a la movilidad a nivel constitucional se garantizan vías de acceso más seguras, acciones de prevención de accidentes viales, la movilidad nacional, estatal y municipal, así como un tránsito seguro.

Esta reforma tiene como reto la accesibilidad para los grupos de mayor vulnerabilidad, porque son ellos quienes más fallecen en accidentes viales, víctimas de una mala planeación y un transporte deficiente, señaló.

Toda persona tiene derecho a la movilidad

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) subrayó que se debe garantizar que toda persona tenga derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, eficiente, sostenible, con inclusión e igualdad. Mencionó que el problema no sólo es de instrumentación legislativa, al no existir políticas públicas específicas.

Por ello, dijo, la reforma del artículo 73 constitucional tendrá el propósito de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes generales en materia de movilidad y seguridad, donde se deberán establecer los parámetros que impidan, en la medida de lo posible, accidentes, daños económicos, la muerte o lesiones permanentes.

Oportunidad de avanzar en la nueva realidad de las ciudades

La diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) señaló que esta reforma representa la oportunidad de avanzar en la nueva realidad de las ciudades y la necesidad de impulsar una legislación adecuada a las preocupaciones de los habitantes.

Destacó la necesidad de consolidar a la brevedad un cuerpo normativo para la seguridad vial, “cero muertes viales”. Afirmó que con esta reforma se reconoce la importancia de la movilidad en el desarrollo de las ciudades y su territorio.

El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (Encuentro Social) solicitó que su intervención fuera incluida de manera íntegra en el Diario de los Debates, debido a problemas de conectividad.

Promover, respetar y garantizar la movilidad

Zulma Espinoza Mata, diputada del PVEM, mencionó que al ser ya un derecho constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y garantizar la movilidad, a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

El derecho a la movilidad, dijo, debe traducirse en peatones y ciclistas que se sientan más seguros; proyectos de transporte público que brinde eficiencia, comodidad, rapidez, limpieza y menor vulnerabilidad frente a la delincuencia, propiciar la planeación urbana sustentable y tener ciudades amigables con el medio ambiente.

Prevenir hechos en que mueren 16 mil personas al año

El diputado del PRD, Jesús de los Ángeles Pool Moo, señaló que hoy se cristaliza un proceso legislativo que más de 35 organizaciones de la sociedad civil impulsaron desde 2015, con el objetivo de prevenir hechos de tránsito que cobran la vida más de 16 mil personas cada año y que constituyen la primera causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes.

Indicó que reconocer el derecho a la movilidad permite transformar progresivamente el objeto de las leyes de regular el tránsito, las vialidades y el transporte y, con ello, garantizar el derecho humano a la movilidad.