En sesión presencial, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos sobre el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial de la Federación.
El dictamen representa una apertura al principio de paridad de género
La diputada Lidia García Anaya (Morena) manifestó el apoyo de su grupo parlamentario al dictamen, “porque representa una apertura al principio de paridad de género, el cual garantizará una participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de los órganos jurisdiccionales en todos los niveles”.
Estimó que la reforma hace un reconocimiento y honra la labor judicial de todo el personal, puesto que garantiza la carrera judicial. Anunció su voto a favor en aras de fortalecer la función judicial y con miras a lograr una mejor justicia para todos.
Se trata de una reforma menor, pero que implica un riesgo por sus consecuencias
En tanto, la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que se trata de una reforma menor en cuanto a la dimensión constitucional, pero que implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles entre poderes; “un tema fundamental es el del acceso a la justicia”.
Resaltó que se si se quería fortalecer al Poder Judicial debió incluirse un proceso más abierto con más controles para la designación de ministros y ministras. La reforma que el Poder Judicial necesita debería ir por el camino del fortalecimiento de su autonomía e independencia para garantizar los derechos humanos, los principios constitucionales y el Estado de derecho; contiene algunos elementos plausibles, pero no son suficientes”.
Es una reforma por y para el Poder Judicial
Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán indicó que es una reforma por y para el Poder Judicial que hoy más que nunca toma una relevancia esencial para la vida pública del país. “Acompañaremos no solo esta reforma, sino también los cambios reglamentarios que habrán de venir, porque estamos convencidos que un Poder Judicial más fuerte nos sirve a todas y todos, y abonará a construir una cultura de la paz tan necesaria en estos momentos”.
Resaltó que la “Legislatura de la paridad” no puede pasar por alto que con esta reforma se establecen sanciones claras para la deleznable práctica pública, pero silenciada, del acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación; y el principio de la paridad de género regirá las acciones contra la discriminación.
Se está ante “una reforma de gran calado”
La diputada Ana Ruth García Grande (PT) subrayó que se está ante lo que se asume como “una reforma de gran calado”. Destacó que algunos ejes temáticos son: el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional; desterrar el nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés al interior del Poder Judicial, e impulsar la carrera judicial.
Además, fortalecer la defensoría pública, así como garantizar la paridad de género en la designación de juzgadores para abatir el desequilibrio actual. Consideró que es un avance, pero “también insistimos en que hay temas que requirieron mayor enfoque y vamos a darle seguimiento a su implementación toda vez que esto se avale”.
La reforma tiene más claroscuros y se advierten algunos riesgos
De MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar estimó que la reforma tiene más claroscuros y se advierten algunos riesgos. Subrayó que faltan partes medulares en esta modificación y una de ellas es la doble presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura y se van a generar conflictos de interés.
Detalló que en la actualidad el Poder Judicial tiene un reto para instrumentar esta reforma, que es no tener el presupuesto adecuado, lo cual podría ser letra muerta en dichas circunstancias. Por ello, dijo que su voto es en contra, porque limita la facultad de revisión e impugnación de las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura y no logra un cambio de verdadero de fondo en la impartición de justicia eficiente y “porque es antifederalista”.
Es urgente atender la brecha de género
El diputado Héctor René Cruz Aparicio (Encuentro Social) consideró que uno de los problemas que necesitan atención urgente es la brecha de género que hay dentro del Poder Judicial de la Federación donde el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es todavía bajo. Subrayó que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario combatir la desigualdad.
Expresó que la reforma judicial permitirá que la sociedad mexicana cuente con juezas, jueces, magistradas y magistrados profesionalizados y honestos que podrán cumplir de mejor manera con su función de dirimir controversias, instruir procesos, hacer valer las leyes, defender la Constitución, proteger los derechos de las personas y hacer posible un Estado de derecho.
Se garantiza a las y los mexicanos un Poder Judicial a la altura del siglo XXI
Del PRD, la diputada Mónica Bautista Rodríguez consideró que hoy en día la impartición de justicia enfrenta grandes retos debido a las desigualdades en el sistema judicial que impactan de manera decisiva en el derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos. Señaló que la reforma propone la creación de una ley de carrera judicial, a fin de ordenar el ingreso, movilidad, acceso y adscripciones a su interior, con excepción de los cargos de la Suprema Corte.
Sostuvo que su grupo parlamentario votaría a favor del dictamen “toda vez que se garantiza el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, la profesionalización del personal, así como la de las y los jueces; todo lo anterior, garantizando a las y los mexicanos un Poder Judicial a la altura del siglo XXI, moderno, innovador y completamente funcional en beneficio de las y los mexicanos”.
Cambios generan un nuevo paradigma
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) señaló que la reforma viene a reforzar esta independencia tan necesaria en el Poder Judicial. Los cambios propuestos generan un nuevo paradigma en cuanto a modernidad, especialización, capacitación, y, sobre todo, cercanía a las personas.
Destacó, entre las bondades de las reformas, el impulso en la capacitación y profesionalización del personal, a través de la creación de una escuela judicial, cuya responsabilidad será velar por la especialización y la carrera judicial, y la posibilidad de contar con una regulación secundaria específica y actualizada sobre el ingreso, formación, permanencia y remoción.
Posturas a favor y en contra
La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) expresó que la reforma es fruto del diálogo entre los poderes y de un esfuerzo de dos años por impulsar cambios que verdaderamente fortalezcan la justicia, en beneficio de los justiciables y de la democracia. “El reto es lograr que la justicia sea el pilar de la democracia sustantiva; hoy el acceso a la justicia es un gran anhelo para las y los mexicanos”.
Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, precisó que si bien el dictamen tiene planeamientos afables, también hay cambios que albergan la posibilidad de debilitar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y de la impartición de la misma: “Se concentra el poder; vamos en contra, pues se eliminan los plenos de circuito, lo que es un atentado contra el federalismo”.
Por el PT, la diputada María Roselia Jiménez Pérez aplaudió que hoy se faculta a que la materia de la controversia constitucional pueda versar sobre el incumplimiento de los derechos humanos comprendidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, en particular sobre la protección de las mujeres indígenas y las personas en situación vulnerable.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) expresó que la justicia debe ser prioridad para todos y una reforma de este calado merece detenimiento, cálculo, prudencia y transparencia. Afirmó que a pesar de que hay algunos puntos que impactarán en entidades federativas, municipios y a los poderes judiciales locales, a éstos no se les consultó en el parlamento abierto. “Hay ambigüedades y ausencia de información sobre la legislación secundaria”.
Por el PRD, el diputado Jorge Casarrubias Vázquez indicó que su voto sería a favor, toda vez que la reforma constituye un avance sustancial en el fortalecimiento del derecho al acceso de la justicia “que no se ha presentado desde hace más 25 años”, además de que se acaba con el compadrazgo, nepotismo y la corrupción, al fomentar la meritocracia.
El diputado del PAN, Marcos Aguilar Vega se pronunció en contra, pues se debilita la controversia constitucional y porque el Tribunal no puede quedar en manos del Ejecutivo; en todo caso debe habilitarse un esquema que se favorezca de la colegiación de la Suprema Corte.
El diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, expresó su voto a favor, ya que esta reforma es generacional. “Hace 25 años se llevó a cabo una profunda modificación al Poder Judicial y es hora de hacer cambios de acuerdo con nuestro tiempo”.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) señaló que esta reforma requiere de un análisis más profundo, porque la Suprema Corte debe tener la facultad de revisar los acuerdos generales que emita la Judicatura y no debe renunciar a que los jueces y magistrados, que son nombrados o destituidos injustamente, puedan elevar un recurso para que su caso sea revisado.
De Morena, el diputado Rubén Cayetano García precisó que la reforma constitucional tiene como principal divisa el respeto a la división de poderes y la voluntad política del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los cambios no son de fondo sino procesales y administrativos; son insuficientes, pero se avanza para que la SCJN sea más eficaz en el aspecto jurisdiccional”.
