El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados pidió al Gobierno federal reconsiderar que el recorte del 75% al presupuesto gubernamental afecte el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues representa una traición a las víctimas de desaparición forzada, tortura, feminicidio y trata, entre otros delitos.Ante la histórica crisis económica y de seguridad que se vive en México a causa de la pandemia por el Covid-19, manifestamos nuestra preocupación por las decisiones presupuestales de esta Administración que le dan la espalda a las víctimas y les niegan sus derechos protegidos por la ley en un momento de máxima vulnerabilidad.
Ninguna política de austeridad justifica que el Estado mexicano abandone su responsabilidad en la defensa de los Derechos Humanos, pues ello es contrario a lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y los propios compromisos de campaña que llevaron al triunfo electoral a esta Administración. Desde ahora advertimos que este recorte podría ser inconstitucional.
En el PRI estamos en contra de empobrecer la calidad de los servicios públicos y asfixiar actividades esenciales para el acceso a la justicia. Este recorte provocará el despido de personal especializado, la desaparición de oficinas de atención, el desmantelamiento del Registro Nacional de Víctimas, así como la cancelación de apoyos para alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones para quienes merecen justicia.
La destrucción institucional que se está alentando por las decisiones de este Gobierno generarán un grave daño a las capacidades gubernamentales, de consumarse estarán condenando a las próximas generaciones a un Gobierno incompetente y a un Estado incapaz de cumplir con sus principales fines, la garantía de seguridad y de justicia para los ciudadanos.
